La Red de Cannabis de Uso Medicinal e Industrial (RACME), perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), volvió a poner sobre la mesa los efectos concretos que las políticas de ajuste de Javier Milei provocaron en el sector. Durante la última reunión plenaria, se abordaron los principales obstáculos que enfrentan quienes investigan, producen o acompañan el uso medicinal del cannabis en Argentina.
El espacio, que reúne a profesionales de distintas áreas científicas, evaluó cómo el desmantelamiento de organismos claves como la Agencia Regulatoria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), impactó de forma directa sobre la trazabilidad, el desarrollo productivo y la seguridad jurídica de toda la cadena cannábica. A esto se suma la dispersión de funciones entre entes sin experiencia técnica en la materia, lo que agravó aún más la situación de incertidumbre.
Desde las distintas comisiones internas del RACME -como Producción, Investigación Clínica y Formulación- se coincidió en que las nuevas resoluciones emitidas por el Ejecutivo limitaron el acceso de pacientes al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), y detuvieron investigaciones en curso, afectaron ensayos clínicos y complejizaron los trámites de inscripción de nuevas variedades genéticas.
Las preocupaciones de especialistas
Una de las mayores preocupaciones radica en la falta de interlocución clara con los nuevos responsables del área. La transferencia de competencias a organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agricultura y Comercio dejó a muchas instituciones sin respuesta ni guías para continuar operando, lo que afecta directamente a universidades, cooperativas, ONG y centros médicos que trabajaban en el desarrollo de la medicina cannábica.
Por ejemplo, la Comisión del Cáñamo Industrial manifestó su preocupación por el debilitamiento de instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). “Su pérdida de autonomía podría comprometer el desarrollo de cultivos emergentes, la generación de conocimiento y la transparencia en el manejo de recursos genéticos, afectando especialmente a pequeños y medianos productores”, alertó.
Por otro lado, desde la Comisión de Legales expresaron que los recientes cambios regulatorios podrían generar un vacío legal ya que dejaría sin autoridades al sector, lo cual pondría en riesgo la continuidad de registros de variedades y derechos adquiridos. También señalaron que la Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud exige trazabilidad genética que hoy no podría garantizarse con el soporte normativo y técnico, y podría dejar a la cadena productiva con cierta inseguridad jurídica.
Además, se planteó el impacto económico y sanitario sobre los usuarios terapéuticos. Las nuevas exigencias administrativas, como la necesidad de contar con un director médico para validar la inscripción en el REPROCANN, impiden que muchas personas accedan a tratamientos de manera legal y segura, sobre todo en los sectores más vulnerables.
Este diagnóstico presentado por el CONICET no es aislado. En notas anteriores publicadas en Nota al Pie, ya se dio cuenta del retroceso que significó la modificación de los distintos organismos creados desde el 2022 como piezas clave para articular el desarrollo productivo y sanitario del sector.
Esa decisión, tomada en el marco del DNU 70/2023, frenó proyectos productivos provinciales, bloqueó registros de variedades y redujo a su mínima expresión el acompañamiento institucional a pacientes y profesionales. La medida también generó un cuello de botella en el acceso a semillas certificadas, dejando a decenas de criaderos en la informalidad.
Una nota publicada por este medio en mayo advertía que este nuevo paradigma provocaba un quiebre en los vínculos entre el Estado y las comunidades terapéuticas que durante años empujaron el debate desde abajo. La reunión del RACME confirma que el escenario no sólo no mejoró, sino que empeoró, con consecuencias aún más visibles en los territorios.
En síntesis, el encuentro de la Red evidenció que el cannabis medicinal en Argentina no sólo enfrenta obstáculos normativos: se encuentra ante una crisis estructural producto de la desarticulación de políticas públicas, el desinterés estatal y la falta de voluntad para construir un modelo inclusivo, seguro y con base científica. Mientras tanto, miles de pacientes siguen dependiendo de la voluntad de asociaciones civiles, médicos y cultivadores que resisten -sin apoyo ni garantías- en defensa del derecho a la salud.