La Universidad Católica Argentina (UCA) compartió el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en el que advierte que más de 4,3 millones de niños y adolescentes sufren hambre o privaciones alimentarias.
Los datos surgen del documento “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, presentado el 10 de julio por Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, junto a referentes como Sergio Britos (UBA/UCA), Catalina Hornos (Haciendo Camino) y María Eugenia Herrera Vegas (CESNI).
El estudio denuncia que la situación no es nueva, sino estructural. Sin embargo, destaca que se profundizó con las políticas de ajuste del actual gobierno. Según la UCA, los principales determinantes son la pobreza, el empleo informal o precario, y la falta de ingresos en hogares monoparentales o numerosos. Además, afirma que la inseguridad alimentaria golpea más fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en familias con menores escolarizados que, muchas veces, dependen de comedores para acceder a una alimentación básica.
El informe coincide con otros relevamientos recientes que exponen el deterioro en la calidad de vida de la infancia argentina. La octava ronda del estudio de Unicef alertó que un millón de chicos se van a dormir sin cenar, y que más de 10 millones redujeron el consumo de carne y lácteos por falta de dinero.
En paralelo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se manifestó preocupado por la interrupción de la asistencia alimentaria en comedores comunitarios y escuelas, impulsada por el Ministerio de Capital Humano desde diciembre de 2023. Además, criticó el desfinanciamiento de políticas sociales, la represión de protestas y la intención del gobierno de bajar la edad de imputabilidad.
Políticas públicas: de las promesas a la desinversión
La gestión de Javier Milei profundizó la pobreza estructural a través de múltiples decisiones que impactaron directamente en los sectores más vulnerables. Entre ellas, la interrupción en la entrega de alimentos a comedores comunitarios y escolares. Medida que, tal como denunció el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, se tradujo en una pérdida directa del único plato de comida diaria para miles de niños y niñas.
A esto se suma una reducción del 29% en términos reales del presupuesto destinado a políticas alimentarias durante 2024, según datos relevados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La desaceleración y recorte de programas sociales clave, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, también disminuyó significativamente la capacidad de compra de los hogares con menores ingresos, especialmente en contextos de inflación descontrolada.
En paralelo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA destacó que, mientras los precios de los alimentos aumentaron más del 300% en el último año, los ingresos de las familias pobres no lograron compensar la pérdida, provocando un incremento de la inseguridad alimentaria severa, que afecta ya al 16,5% de las infancias.
Estas políticas de ajuste no solo vulneran el derecho básico a la alimentación, sino que profundizan un modelo de exclusión y desprotección que afecta de manera estructural a millones de niños y adolescentes en Argentina.
La investigación de la UCA describe el drama cotidiano de millones de niños y evidencia la ineficacia de las políticas actuales para revertir la crisis alimentaria. Además, las políticas alimentarias cayeron un 29%, los programas de educación un 43,7% y los fondos para salud infantil se vieron recortados significativamente, según la Sociedad Argentina de Pediatría.
¿Qué hacer frente a esta crisis?
El informe de ODSA-UCA plantea una serie de propuestas urgentes: políticas de inclusión laboral, ampliación de programas de ingresos, articulación intersectorial y un enfoque territorial que fortalezca a las provincias. También insiste en revalorizar el rol de la escuela como espacio de contención, no solo educativa sino nutricional y emocional.
Pero más allá de los diagnósticos y las recomendaciones, el dato más contundente sigue siendo el hambre: niños y niñas que no comen lo suficiente, que no acceden a nutrientes básicos, que ven vulnerado su derecho más elemental.
Mientras el ajuste continúa, la inseguridad alimentaria infantil se convierte en el síntoma más doloroso de un modelo económico que margina y excluye.