“Podemos decir, tarea cumplida”: Sturzenegger celebró la disolución y transformación de 21 organismos

En nombre de la eficiencia y la libertad, el Gobierno desmantela instituciones estratégicas para la salud pública, la producción agrícola, la seguridad vial y la ciencia, entre otras.
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Crédito: Ámbito.

Este martes, el Gobierno nacional oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.

Como había adelantado el vocero Manuel Adorni, entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la Dirección Nacional de Vialidad.  A ello se suman el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros.

Por otro parte, diversos organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios. Ellos son el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En tanto, La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.

A su vez, el Gobierno dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) y el hospital de salud mental Bonaparte, con el supuesto objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.

Según los considerandos, las medidas se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. En algunos casos se identificaron supuestas irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones. Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.

Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.

El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Las resoluciones se oficializaron el mismo día en que se le acaban las facultades delegadas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, otorgadas por el Congreso de la Nación a través de la llamada Ley Bases. Con este apuro, el Gobierno aceleró la implementación de una batería de cambios estructurales sin debate público ni participación de los sectores afectados, consolidando aún más su agenda de ajuste antes de perder herramientas normativas clave.

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