Esta semana, el Congreso de la Nación tendrá una agenda que preocupa al Poder Ejecutivo. Ante el cierre de las listas provinciales, la tensión aumenta cada vez más con los gobernadores, hasta ahora aliados, que mandaron a sus legisladores con proyectos que podrían atentar contra el “déficit fiscal cero” que propone el Gobierno.
El martes, la oposición, en este caso representada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, tratará en comisiones dos temas: la emergencia sanitaria pediátrica y el financiamiento para las universidades públicas. A su vez, buscarán que haya sesión en el Senado el jueves para avanzar con aquellas iniciativas que pretenden aumentar las jubilaciones, declarar la emergencia en discapacidad y las presentadas por los gobernadores.
Tensión con aliados
El miércoles, luego de una fallida reunión con el enviado de Luis “Toto” Caputo, Carlos Guberman, los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño, presentaron dos proyectos de ley: una reforma de la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y otro que busca un reparto más equitativo del impuesto a los combustibles líquidos. “Nos están boludeando”, le había dicho un mandatario a Tiempo Argentino, sobre ese encuentro. Esta iniciativa contó con la firma de los presidentes de todos los bloques, con excepción de La Libertad Avanza.
La tensión entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo se relaciona también con la intención de Karina Milei y sus armadores nacionales, Martín y Eduardo “Lule” Menem, de competir en las provincias con su sello. Opinión que encuentra un enfrentamiento dentro del llamado “triángulo de hierro”, dado que Santiago Caputo es de la idea de cerrar filas con los mandatarios para tener aliados en la legislatura. Además, no quiere que el Gobierno quede asociado al fracaso en el caso de una derrota electoral.
La distribución del impuesto al combustible líquido es instantánea, un 10% a Nación, otro 10% a las provincias y el resto se reparte entre el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la Red Federal Vial, el transporte público y la ANSES. “Si el Gobierno nacional no hace viviendas, ni las rutas, ni ninguna otra obra pública, y tenemos que ocuparnos nosotros, entonces lo que corresponde es que modificar la ley y redistribuir en la órbita de los que se deben encargar de esas funciones”, le dijo un legislador nacional a Parlamentario.
Por el lado de los Aportes del Tesoro Nacional, la iniciativa busca que esos recursos se repartan respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación, una manera de que los gobernadores no dependan de las decisiones del Presidente. “La redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipables”, señala el proyecto.
Al saber que la respuesta sería cómo afecta al superávit fiscal, dentro del texto destacan: “Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios” y que “ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.
Para habilitar el tratamiento sobre tablas de estos temas, ya que no tuvieron dictamen de comisión, la oposición deberá contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara. Hay que tener en cuenta que dentro de los diez senadores que firmaron hay algunos que supieron ser aliados de Casa Rosada, como Alfredo De Angeli del PRO, Eduardo Vischi de Unión Cívica Radical (UCR) y Carlos “Camau” Espínola de Unidad Federal.
Los intentos de la oposición
En tanto, el jueves sucedió una situación inédita en el Senado. Ante la falta de intención del oficialismo de abrir las comisiones, un grupo de senadores opositores logró mayoría y sacar despacho de comisión a los proyectos que consiguieron media sanción en Diputados: los que promueven el aumento de jubilaciones y la moratoria previsional, y el que declara la emergencia en discapacidad.
No obstante, desde la Secretaría Parlamentaria, encabezada por Agustín Giustinian, -resolvieron que la documentación recibida “no podrá ser considerada como dictamen de comisión, por no haberse cumplimentado los requisitos reglamentarios exigibles a tal efecto”. El Plan B que tendría la oposición es pedir una sesión para tratar estos tres temas y contar con el apoyo de dos tercios para el debate “sobre tablas”. Para eso deberán reunir 48 votos.
Por su parte, el martes a las 12 se reunirán las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda para tratar la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan (aprobada con 164 votos a favor y 66 en contra). Y a las 16 buscarán el dictamen de los proyectos sobre financiamiento de las universidades públicas en la comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. La oposición buscará que estas iniciativas se traten en el recinto en agosto y que se aprueben con dos tercios para poder adelantarse al anunciado veto de Javier Milei.