A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 por la persistencia de condiciones “críticas”. Según se detalla en el documento, la medida abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, con el objetivo de garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público en un contexto de vulnerabilidad técnica y financiera.
La medida fue oficializada este lunes mediante el DNU 585/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”. Esta situación se evidencia en informes técnicos que precisan que el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, alcanzando apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025.
A esto se le suma el preocupante estado de la infraestructura, que se refleja en el envejecimiento del parque generador eléctrico. Al respecto, el texto oficial detalla que más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad.
También menciona las limitaciones severas que atraviesa el sistema de transporte, el cual opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%, reduciendo la capacidad de respuesta ante contingencias.
En este sentido, las obras ampliación del sistema de transporte eléctrico, como el sistema “AMBA I” o las líneas de 500 kV, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que el Ejecutivo consideró que “resulta indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias”.
Por otro lado, el documento destaca la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema. Si bien destacó que la tasa de cobrabilidad de CAMMESA pasó del 48% al 97% tras la normalización de la cadena de pagos, advirtió que todavía persiste una diferencia importante entre el costo real de generación de la energía y el monto que abonan los usuarios.
Según el Ejecutivo, dicha recomposición “requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.
El decreto también señala que, a mayo de 2026, los usuarios residenciales con subsidios cubrían apenas el 24% del costo real de abastecimiento mediante el Precio Estacional (PEST). En ese marco, la prórroga de la emergencia busca sostener una transición gradual hacia el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de reducir el peso de los subsidios sin generar un impacto inmediato sobre los hogares más vulnerables.
Asimismo, el Gobierno resolvió extender la emergencia hasta diciembre de 2027 para unificar su vigencia con la del sistema de transporte y distribución de gas natural. La medida se fundamenta en que la generación térmica continúa teniendo un rol central en la matriz energética y depende de la disponibilidad de gas para garantizar el abastecimiento eléctrico. Además, el Ejecutivo advirtió que dar por finalizada la emergencia en este contexto podría generar vacíos regulatorios, demoras en la implementación de medidas, pérdida de previsibilidad para el sector y mayores riesgos para la continuidad del servicio, entre otras cuestiones.