
El Gobierno de la Nación comandó un acto donde anunció la reforma de la Policía Federal Argentina tras la aprobación de un decreto que se publicó en el Boletín Oficial.
La presentación tuvo lugar en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la PFA, Figueroa Alcorta y Cavia, con la presencia del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Allí, se anunció lo que dicta el Decreto 383/2025, donde se plantean mayores libertades para la Policía Federal, incluso en ocasiones, sin necesidades de apoyarse en una orden judicial.
Esta reforma presenta objetivos tales como el de “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado Nacional”. Para ello, se creará la Dirección Federal de Investigaciones (DFI), lo que plantean como un “FBI argentino”.
Al respecto se refirió la ministra Bullrich en su discurso: “No va a haber un lugar del territorio nacional donde pueda implantarse una organización criminal como si estuvieran solos, ahí va a estar el FDI”, expresó.
Acto seguido, fue el propio Milei quién tomó la palabra “Hemos decidido reconvertir la Policía Federal en una fuerza de investigación criminal”. Y añadió que la PFA ya no se dedicará a “patrulla las calles, como hacen los policías locales”.
Por último, en su breve discurso, aseguró que decidieron “aprender de los mejores, Estados Unidos e Israel”, en sintonía con su alineación geopolítica. Y continuó: “Así, pondremos a la Policía Federal en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”.
Por último, agregó que “el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas, hay que estar a la altura”. Y concluyó: “Los cambios más profundos necesitan un tiempo de maduración antes de mostrar sus resultados. Sería inmaduro de nosotros esperar que todo cambie de la noche a la mañana”.
En paralelo al acto de Milei, quedó confirmada la masiva movilización hacia tribunales el día de mañana en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.
Las oscuras atribuciones para la Policía Federal
Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 383/2025 que reforma las atribuciones de la Policía Federal Argentina que comanda la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La resolución, que lleva la firma del presidente Milei, de la propia Bullrich y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llega para derogar las competencias y atribuciones de la Policía Federal sobre la seguridad en CABA. Y se señala que la PFA solo intervendrá en otras jurisdicciones “en forma subsidiaria o a requerimiento”.
Uno de los puntos de mayor relevancia del decreto pasa por la autorización a la PFA para hacer ciberpatrullaje, es decir, seguimientos e investigaciones en las redes sociales sin orden de un juez. Por otro lado, quedan habilitadas las requisas personales y de vehículos, también sin la necesidad de una orden judicial, por lo que la Federal podrá actual a discreción.
En conclusión, se proponen “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
La resolución, plagada de ambigüedades, entra en polémica en varios de sus artículos, como lo es el número 6, que establece las facultades de la PFA.
En su inciso 7, si bien sostiene que no se podrá “detener a las personas sin orden de juez competente», añaden que «si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial».
A continuación dentro del artículo 6 pero en el inciso 8, se configura lo que parece ser una licencia para reprimir protestas sociales, ya que la PFA tendrá facultades para «registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir».
El inciso 11 es el que aborda el ciberpatrullaje: «Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, donde encuadran redes sociales abiertas y sitios web públicos, entre otros sitios.
Otro inciso a destacar es el 13, el cual permite requisas a las personas sin orden judicial: «inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones». Para ello, será suficiente para que las fuerzas sospechen que se puedan ocultar algo vinculado a un delito y que no puede esperar a tiempos de la orden de un juez.