Gobernadores dialoguistas se alinean para negociar la reforma laboral y presionan por una compensación fiscal

En plena cuenta regresiva para el tratamiento de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, un grupo de gobernadores considerados “dialoguistas” volvió a mover fichas para coordinar una posición común y hacer pesar sus reclamos ante la Casa Rosada.
gobernadores
Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta y Raúl Jalil, de Catamarca, junto al ministro del Interior Diego Santilli.

La cita fue en la Casa de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, donde confluyeron mandatarios provinciales y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de negociaciones clave de cara al debate en el Senado.

El encuentro reunió al anfitrión Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), tres gobernadores que han sido aliados circunstanciales del oficialismo libertario en el Congreso. También integran ese bloque Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), aunque el misionero no participó de la reunión presencial. El objetivo central fue ordenar una postura compartida frente al proyecto que el Ejecutivo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Si bien los mandatarios ratificaron su predisposición a acompañar una modernización del régimen laboral, el foco del reclamo estuvo puesto en el impacto fiscal que tendría la iniciativa sobre las provincias.

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En particular, cuestionaron la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, del 35% al 31,5%, una modificación que, según estimaciones oficiales, implicaría una pérdida de alrededor de 1,2 billones de pesos para las arcas provinciales.

reforma laboral
Jaldo, de Tucumán y Jalil, de Catamarca, salen de la Casa de Salta en Buenos Aires, luego de la reunión con Santilli.

Durante el encuentro, los gobernadores plantearon la necesidad de una compensación que amortigüe esa merma de recursos, en un contexto de caída de la recaudación por la baja del consumo y el retroceso del IVA. Una de las alternativas puestas sobre la mesa fue, una vez más, la coparticipación del impuesto al cheque, una iniciativa que ya fue debatida sin éxito en gestiones anteriores.

Tras la reunión, Sáenz destacó el “espíritu” del proyecto oficial, al señalar que apunta a la formalización del empleo y a la actualización de una legislación “muy vieja”, aunque aclaró que no están dispuestos a seguir resignando fondos. “Si se aprueba tal como está, Salta perdería unos 80 mil millones de pesos”, advirtió, y subrayó que las provincias necesitan algún tipo de compensación para sostener sus cuentas.

En la misma línea, Jaldo remarcó la voluntad de seguir acompañando al Gobierno nacional, pero marcó límites. “Nosotros ya no tenemos margen. Si se vuelve a reducir la alícuota de Ganancias, vamos a coparticipar menos y eso nos va a generar problemas económicos y financieros que ya estamos teniendo”, sostuvo.

Del lado del Ejecutivo, Santilli calificó la reunión como positiva y aseguró que el Gobierno trabaja sobre las cuentas fiscales de cada provincia junto al ministro de Economía, Luis Caputo. “Los argentinos quieren una baja de impuestos, como viene impulsando el Presidente”, señaló, al tiempo que se comprometió a trasladar las inquietudes de los gobernadores a la mesa política de la Casa Rosada.

La reunión se inscribe en una estrategia más amplia del ministro del Interior, que en las últimas semanas intensificó su “rally federal” en busca de votos clave para apuntalar la reforma laboral en el Senado. Ya visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos, y recibió en Casa Rosada al rionegrino Alberto Weretilneck. Este viernes, continuará su agenda en Corrientes, donde se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés.

El apoyo de estos mandatarios resulta central para el oficialismo, en una Cámara alta marcada por la paridad. Entre Sáenz, Jaldo y Jalil concentran influencia sobre al menos tres senadores, un número decisivo para la suerte del proyecto. Mientras tanto, los gobernadores buscan mantener el delicado equilibrio entre acompañar la agenda de reformas del Gobierno y evitar un nuevo ajuste sobre las finanzas provinciales.

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