Empleo formal en riesgo
La política de ingresos del gobierno de La Libertad Avanza precariza el empleo formal y fomenta la evasión laboral. El deterioro del salario mínimo y las desigualdades en las asignaciones familiares crean incentivos para el empleo no registrado, mientras la eliminación de regulaciones beneficia a los empresarios en perjuicio de los trabajadores. Así lo advierte un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), elaborado por Noemí Giosa Zuazúa y Claudio Lozano, que detalla los efectos regresivos de las medidas económicas adoptadas desde diciembre de 2023.
Un salario mínimo que no cubre lo básico
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) sufrió una caída del 30 % en su poder adquisitivo, según señala el informe del IPYPP. En diciembre de 2024 quedó fijado en $286.711, mientras que la canasta básica total para un adulto sin cargas familiares, según el INDEC, ascendía a $324.099.
El documento advierte que esta pérdida de valor del salario mínimo se profundiza por la política de ajuste del gobierno, que ignora las negociaciones del Consejo del Salario y fija aumentos de manera unilateral. En la última reunión del organismo, el gobierno rechazó la propuesta de las centrales sindicales (CGT, CTA y CTAA) de establecer un mínimo de $572.000 y terminó avalando la oferta de la Unión Industrial Argentina (UIA), de apenas $278.000.
Para les autores del informe, lejos de incentivar la formalización del empleo, esta medida debilita aún más el poder adquisitivo de los trabajadores y refuerza la precarización del mercado laboral.
Asignaciones desiguales que desalientan el empleo formal
Otro punto central del desajuste promovido por el gobierno es la brecha entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar (AAFF). El informe del IPYPP detalla que, mientras la AUH se elevó a $95.520 por hijo en enero de 2025, la AAFF—que corresponde a trabajadores registrados con sueldos bajos—se mantuvo en la mitad de ese valor, alcanzando solo $47.776.
El problema se agrava al sumar la Prestación Alimentar (PA), que otorga $81.936 adicionales a las familias con dos hijos que perciben AUH. En este contexto, un/a trabajador/a informal con dos hijos puede recibir ingresos totales por $559.687, mientras que un trabajador registrado con el mismo número de hijos apenas llega a $382.263.
El informe advierte que esta configuración desincentiva la registración laboral, ya que la patronal puede ofrecer a sus trabajadores un pago en negro, asegurándoles un ingreso total mayor que si estuvieran en blanco. Al mismo tiempo, el empresario/a reduce costos y evade aportes, en un contexto donde el gobierno eliminó las multas a la informalidad.
La reforma laboral: vía libre para la evasión
El modelo de desregulación que impulsa el gobierno se completa con la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023, que eliminó las sanciones para empleadores que no registran a sus trabajadores o que los inscriben con un sueldo menor al que realmente perciben.
El informe del IPYPP subraya que esta modificación profundiza el deterioro del mercado de trabajo, ya que no solo se permite el empleo en negro sin consecuencias, sino que se desincentiva aún más la registración laboral. Lejos de generar “más empleo”, como afirma el discurso oficial, la eliminación de controles refuerza un modelo donde el empleo precario y la informalidad son la norma.
Un modelo que amplía la pobreza y la desigualdad
El impacto de estas políticas es claro: se reducen los salarios reales, se debilitan las instituciones laborales y se fomenta la informalidad. A esto se suma el incumplimiento de la propia definición del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que según la Ley de Contrato de Trabajo debería garantizar la cobertura de necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud.
El informe de Noemí Giosa Zuazúa y Claudio Lozano señala que, con un salario mínimo que ni siquiera cubre la canasta básica, un esquema de asignaciones familiares que castiga a los trabajadores registrados y una reforma laboral que desprotege a los empleados, el gobierno de La Libertad Avanza está consolidando un modelo de precarización estructural.
Lejos de ser un “ajuste necesario”, el documento advierte que estas medidas agravan la pobreza y debilitan la seguridad social, dejando a millones de trabajadores sin perspectivas de estabilidad ni mejora en su calidad de vida. Si el gobierno realmente pretendiera fomentar el empleo, debería garantizar condiciones dignas y equitativas en lugar de profundizar la desigualdad.