En un fallo tardío pero necesario, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 24 años de prisión para Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, exjefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención, por el que pasaron cerca de 5000 personas.
La sala II del máximo tribunal penal de la Nación, integrada por Guillermo Jorge Yacobucci, Ángela Ester Ledesma y Alejandro Walter Slokar, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°5 de la ciudad de Buenos Aires el 13 de agosto de 2021.
El tribunal determinó que los delitos sexuales cometidos bajo su mando durante el Terrorismo de Estado no fueron actos aislados, sino parte de un “ataque sistemático a la población civil”.
El veredicto, firmado por los jueces se apoya en la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°5 en agosto de 2021, que había encontrado a Acosta culpable de violación agravada, abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad y tortura, todos crímenes cometidos contra tres prisioneras en la ESMA. Este juicio ha sido considerado uno de los más emblemáticos en la historia del país en relación con los crímenes de lesa humanidad.
Casación, al desestimar los recursos de la defensa, dejó en claro que Acosta no era un simple “jefe de escritorio”. Los jueces subrayaron su rol activo en la dirección de un aparato represivo que sometía a los detenidos a condiciones inhumanas. “El escenario de sometimiento y exposición de las víctimas debe ser comprendido desde una perspectiva de género”, afirmó el tribunal, resaltando la representación dolosa de la ofensa a la integridad sexual de las víctimas.
Las prácticas aberrantes en la ESMA
El fallo no solo reafirma la culpabilidad de Acosta, sino que también sitúa estos actos dentro de una estrategia planificada de tortura y represión. Las violaciones y otros abusos forman parte de un conjunto de prácticas criminales que, según el tribunal, tenían como objetivo deshumanizar y quebrantar a los prisioneros, mientras que la situación de vulnerabilidad a la que fueron sometidos fue meticulosamente orquestada.
Los jueces hicieron hincapié en la necesidad de preservar el material probatorio de este juicio, asegurando que el acceso a la información sobre estos crímenes no se pierda en el tiempo. Exhortaron al tribunal a implementar medidas que garanticen la digitalización y resguardo de las evidencias, así como su difusión futura, en un esfuerzo por mantener viva la memoria colectiva y prevenir la repetición de tales atrocidades.
Jorge “Tigre” Acosta, uno de los máximos responsables de la ESMA, en la previa del ballotage que consagró a Javier Milei como presidente se puso contento con la inminente llegada del libertario a la Presidencia.
A medida que se sigue el curso de la justicia en Argentina, este fallo no solo busca sancionar a un individuo, sino que también refleja un compromiso más amplio con la verdad y la reparación. En un país donde la memoria y la justicia son batallas cotidianas, la confirmación de la condena de Acosta es un hito en la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de las heridas aún abiertas por el Terrorismo de Estado.
Sobre todo en tiempos de presencia de un Gobierno que no solo tiene prácticas negacionistas, sino una mirada reivindicatoria del genocidio.