martes 3 de diciembre de 2024

La UBA declaró la emergencia salarial del personal y sigue el conflicto con el Gobierno

Tras meses de negociaciones con la actual gestión, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires emitió una resolución que decreta la situación crítica para docentes y no docentes. En ese marco, la CONADU evalúa un paro de 72 horas y una nueva marcha universitaria.
uba
Crédito: Jorge Mato.

Dos meses después del acuerdo con el Ministerio de Capital Humano por una mejora en el presupuesto de funcionamiento, la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la emergencia salarial y denunció la falta de negociación con los gremios. La resolución, que se emitió este miércoles, fue aprobada por unanimidad de los miembros del consejo.

De este modo, y tras suspenderse la emergencia presupuestaria, la crisis que atraviesan las universidades vuelve a visibilizarse. Por medio de la resolución, el consejo de la UBA impulsó el reclamo de les docentes y no docentes al expresar su preocupación por “la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias”.

Los integrantes del organismo argumentaron que la caída del poder adquisitivo de los salarios del sector, en un 40% durante el primer semestre del año, los obligaba a decretar la emergencia salarial del personal. “En todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”, detallaron.

En dicha resolución, el consejo integrado por el rector de la institución, los 13 decanos de las distintas facultades y representantes de los tres claustros recordó que “el reclamo por la recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 23 de abril”.

Advertencias de paro y nueva marcha universitaria

En este marco, el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) evalúa la posibilidad de tomar medidas de fuerza durante agosto y organizar una nueva marcha para septiembre. En un encuentro que reunió a representantes de 21 gremios se analizó la situación salarial y se denunció la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional al respecto.

La federación, además, resolvió que se realicen consultas en las asambleas de base de sus sindicatos para discutir un paro de 72 horas para la primera y cuarta semana de agosto. La medida se tomaría en el caso de no arribar a un acuerdo salarial con el Gobierno.

Por otro lado, se planteó la necesidad de debatir sobre un plan de lucha para ser consensuado en el marco del Frente Sindical Universitario. La iniciativa busca evaluar la posibilidad de “construir una nueva gran Marcha Federal Universitaria que deberá concretarse en la primera quincena de septiembre”. 

El comunicado surgido del plenario señala que la situación continúa “alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el Gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6 por ciento”.

El conflicto más allá de la UBA

En sintonía con la resolución de la UBA, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), difundió la semana pasada un comunicado bajo el título “Sin salarios dignos no hay universidad”. En dicho texto, la entidad definió a la situación de los sueldos universitarios como “crítica e inadmisible”.

La declaración del CIN, además, se dirigió al Gobierno de Javier Milei recordándole que “la sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública”. 

El documento también destacó que “no hay solución del problema universitario si no encontramos con celeridad respuesta a estas preocupaciones, que no son solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto de la sociedad argentina”.

Cabe recordar que desde la movilización del 23 de abril, el consejo interuniversitario no deja de señalar aspectos críticos del aumento presupuestario acordado con el Gobierno. Este incremento, que busca sostener el funcionamiento de las instituciones, representa sólo el 10% de los gastos totales de las universidades, del cual los salarios conforman el mayor componente.

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