La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar del juez Sebastián Casanello que le había ordenado al ministerio de Capital Humano preparar un plan de distribución de las más de 5.000 toneladas de alimentos que tienen almacenados en depósitos de Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes adhirieron a lo escrito por Casanello y pidieron la distribución rápida debido a la situación de emergencia alimentaria que se vive en Argentina. Llegaron a esta situación tras diversas justificaciones del Gobierno: que no existían los alimentos, que era culpa de los “comedores truchos” y que, finalmente, eran para “catástrofes” y “situaciones de emergencia”.
A su vez, los jueces criticaron la presencia y la conducta de Juan Grabois y la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni. “Corresponde extraer testimonios de la presente y remitirla mediante oficio al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al ministerio de Capital Humano a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas”, escribió Irurzun en el fallo. Esto se debe a las peleas y los gritos que realizaron ambos, dentro y fuera de la sala.
Cuando se estaba por cumplir el plazo determinado por la justicia, Leila Gianni publicó un comunicado con destino al juez, donde le informa que están realizando “todos los esfuerzos necesarios para cumplir en tiempo y forma con el mandato” con el fin de concretar la presentación en el transcurso del día de la fecha.
Mientras tanto, les diputades que integran la Comisión de Acción Social y Salud Pública presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), con 18 firmas de 35 consiguieron la mayoría para citar a la ministra Sandra Pettovello a que vaya el próximo martes a las 13:30 a rendir cuentas por la situación de los alimentos y el escándalo de los contratos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
¿Qué dice en el fallo que ordenó la entrega de alimentos?
El 27 de mayo, el juez Sebastián Casanello le había solicitado al ministerio de Capital Humano que inmediatamente informara el detalle del stock actual de los alimentos que se encuentran en los depósitos de Tafí Viejo y Villa Martelli y le encomendó que elaborara un plan de distribución que debía ser informado en el plazo de 72 horas. Esta última disposición del juez fue apelada por el ministerio de Capital Humano con el motivo de que implicaba “una intromisión del Poder Judicial en la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional”. El fallo de Casanello terminó siendo aprobado por la Cámara Federal.
En ese sentido, Martín Irurzun detalló en su fallo: “Entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”.
Eduardo Farah, por su parte, fue más crítico con el Gobierno por la apelación y fue claro en rechazar el cuestionamiento a la “intromisión judicial”. El juez señaló: “Cabe a esta altura preguntarse ante cuantas instancias “judiciales” está dispuesto el ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”.
Además, reprochó al Poder Ejecutivo y al ministerio cuando recalcó que “ante un pronunciamiento que les resultó adverso a sus pretensiones, fueron ellos quienes estimularon los cauces recursivos que nos trajeron hasta aquí” y que “se canaliza una tensión sobre nuestro pronunciamiento que admite un solo cariz válido: la única alternativa es resolver de conformidad con su petición”.
“La materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución”, escribió Farah. Si no acata la orden en el plazo debido, “su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal)”.
Roberto Boico también apeló a lo necesaria que es la entrega de los alimentos en la justificación de su fallo: “Sea cual fuere el programa de asistencia que respaldó la compra y sus concretos destinatarios, no hay dudas de que comedores comunitarios, organizaciones civiles, parroquias o entidades de cualquier otro tipo son víctimas de la crisis alimentaria vigente, que no sólo interpela al Estado Nacional en su rol de garante de los derechos humanos básicos, sino al propio Poder Judicial de la Nación como encargado de velar por su cumplimiento”.
¿Quién estaría a cargo de repartir los alimentos?
La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) firmó un acuerdo con el Gobierno a través del ministerio de Capital Humano para la distribución. Estaría empezando esta semana con la entrega de la leche en polvo “teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los productos”. Tendrá la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa.
La Fundación Conin fue creada por Abel Albino en 1993. Si suena ese nombre es porque se hizo relativamente conocido durante la discusión por la legalización del aborto cuando exclamó que “el virus del VIH atraviesa la porcelana”. Otra de sus frases polémicas fue cuando dijo que “la desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que al acto sexual se lo suele llevar a cabo compulsivamente”.
Más allá de eso, crece la duda sobre cómo será la distribución y si podrán realizarla completamente elles, dado que su presidenta Gabriela Sabio, en diálogo con El Destape Radio, señaló que van a colaborar en entregar los alimentos dentro de sus posibilidades, no el total de los alimentos que están disponibles cuestionando la falta de previsión del Gobierno dado que “no fue una política de Estado, no fue planificado”.