La cortina de humo de Pettovello, inacción y ajuste a los más humildes

Estamos ante una nueva ofensiva del gobierno de Javier Milei sobre las organizaciones sociales y sindicales en un contexto de crecimiento del conflicto social en Argentina producto de las políticas que éste descarga sobre el pueblo y el entramado productivo nacional. Allanamientos a dirigentes sociales, promoción de denuncias anónimas, supuestas auditorías sobre comedores, cooperativas de trabajo y un mecanismo de propaganda de criminalización de la protesta social sobre todos aquellos que se oponen a este gobierno, que lo único que planifica es la miseria.

El plan Pettovello

Este accionar opera como una verdadera cortina de humo para ocultar el criminal ajuste sobre los sectores más humildes, en especial con aquellos trabajadores sin derechos que se organizan y pelean por un pedacito de dignidad. El “jamoncito” bautizó al otrora “Messi de las Finanzas” como el “Chanchito de Yeso”, por la virtud de maquillar un superávit fiscal primario logrado con contabilidad creativa y ajustando partidas presupuestarias que definen si una familia come o se muere de hambre. Uno de sus brazos ejecutores principales es la ministra de Capital (in)Humano Sandra Pettovello y sus secuaces, elenco de funcionarios sin designación que toman decisiones desde el anonimato.

Esta cortina de humo busca desviar la atención sobre lo importante, que es que mientras Luis Caputo incrementó en el presupuesto nacional el pago de intereses y comisiones de servicios de la deuda por más de 8.000 millones de USD en cinco meses, beneficiando a sus amigos, Pettovello sub ejecuta partidas del presupuesto prorrogado del año pasado destinadas a la asistencia a los más vulnerables. Aquí solo algunas de las actividades paralizadas por la inacción maliciosa de la Super Ministra:

Libraron al abandono a los miles de comedores comunitarios que han atendido y siguen atendiendo el flagelo del hambre en Argentina. El gobierno anterior había creado un Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) y su inscripción no implicaba necesariamente que el comedor haya recibido alimentos o un subsidio por parte del Estado Nacional. Ahora bien, cómo hizo el gobierno de Milei para “auditar” los miles de comedores inscriptos si al mismo tiempo despidió a los cientos de trabajadores que estaban en el territorio para cumplir con dicha tarea. Cómo hicieron en tiempo récord para auditar 40.000 comedores y sostener a viva voz que la mitad no estaban funcionando. De ser así, a pesar de la eliminación total de la asistencia estatal, si la mitad siguen funcionando, habla del maravilloso pueblo argentino y de la miserabilidad del gobierno.

En simultáneo, han desfinanciado las políticas públicas destinadas al desarrollo y promoción de las infancias cuya ejecución ha sido literalmente nula, entre ellas, el Programa Primeros Años (PPG), Acciones de Prevención y Restitución de Derechos, construcción de Espacios de Primera Infancia, Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia, entre otras.

Atacar a los más vulnerables, atacar a los trabajadores y trabajadoras

Al mismo tiempo, han desvirtuado el espíritu de la “Ley de emergencia social y laboral” aprobada por amplia mayoría en el año 2016 a raíz del crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia, la cual fue fruto de la lucha de los movimientos populares. La Ley 27.345 tiene como objetivo promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional  con miras a garantizar un piso mínimo de dignidad, con fundamento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19 de la misma.

Con la derogación del programa Potenciar Trabajo eliminaron la figura del “Salario Social Complementario” creado por esta ley en su artículo 3, al modificar sus lineamientos generales. Su propósito era subsidiar un componente del salario directo que perciben los trabajadores de la economía popular por desarrollarse en actividades socio productivas y socio comunitarias entre las que se destacan el desarrollo de obras de infraestructura social en barrios populares, el reciclado, la producción de alimentos, los vendedores ambulantes, textil, las empresas recuperadas, los cuidados, entre otras.

En este sentido se planteaba como un subsidio al trabajo. Con la devaluación del 118% y la derogación de la Resolución 557-2022 han perpetrado una confiscación del salario social complementario licuando los ingresos primero, y desacoplando su actualización con la del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) después, para por último fijarle un plazo de duración de 24 meses, cuyo fin es dejar sin ingresos a más de 1.270.000 personas.

Para ser parejo en el ajuste a los sectores populares, quieren eliminar el único reconocimiento real que el Estado brindaba a los trabajadores de economía popular en su condición de trabajador, con el derogado programa Potenciar Trabajo y ahora con la intención de eliminar el monotributo social, único instrumento que tenían para poder pagar un aporte que les permitiera acceder a la bancarización, a una jubilación y obra social, empujando así a los trabajadores a una situación de desamparo e informalidad. La eliminación del régimen tributario simplificado para los trabajadores de menores ingresos, que hoy incluye a más de 620.000 personas, provocaría además un impuestazo al trabajo del 800%, ya que pasarían de pagar $3.200 a $26.600 mensuales.

Han confiscado el ingreso de los trabajadores de la economía popular organizada. Le han quitado el plato de comida a millones de pibes y pibas de los barrios más humildes. Han dejado sin trabajo a miles de cooperativistas que llevaban adelante obras de conexión de agua, cloaca, electricidad y veredas llevándose puesta la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares al reducir el FISU al 0,3%. Y con la Ley Bases, nuevamente, intentan volcar a la informalidad a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen del monotributo social con un impuestazo al trabajo, privándolos de aportes jubilatorios, seguro de vida y obra social.

La ministra tendrá que dar explicaciones a la justicia sobre su accionar en relación a las medidas llevadas adelante para distribuir los alimentos. Están retirando al Estado del territorio, dando lugar a la violencia y el narcotráfico. Tienen un objetivo político que es destruir la organización comunitaria y quebrar a los que luchan contra un modelo de saqueo y miseria planificada, sustentado en la Ley Bases, el DNU 70/23 y el paquete fiscal. 

Claro está que los comedores populares son la respuesta de amor, organización y solidaridad de nuestro pueblo, nunca pueden ser el problema principal de Argentina. Esta cortina de humo está hecha para fragmentar y dividir al pueblo argentino, condición necesaria para garantizar la entrega de la soberanía nacional.

*Artículo escrito por Nahuel Silva, Economista y referente del Movimiento Octubres*.