En una jornada de fuerte tensión gremial, las y los trabajadores de los tres turnos de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría rechazaron por unanimidad que la Comisión Interna o el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA-Filial Buenos Aires) firmen una rebaja salarial impulsada por la empresa. La decisión se tomó en asambleas realizadas tras una reunión con la patronal, en la que la firma propuso reducir los sueldos eliminando adicionales conquistados por negociación colectiva y ratificó diez despidos ya ejecutados, además de anticipar otros 22.
La compañía, propiedad del Grupo Pérez Companc, una de las familias más ricas del país, mantiene un conflicto con el personal desde hace semanas por negarse a cumplir la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. En la última audiencia, celebrada el 2 de julio, la empresa planteó abiertamente su intención de ajustar los salarios al “costo del mercado”, lo que los delegados interpretan como un intento de vaciar el convenio colectivo vigente.
Ante este escenario, las asambleas de los tres turnos resolvieron: Rechazar que el Sindicato y la Comisión Interna firmen cualquier rebaja salarial; Exigir que el sindicato interponga una acción judicial cautelar en representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores para impedir que la empresa avance de manera individual con los recortes, lo que violaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo; Solicitar una inspección del Ministerio de Trabajo para delimitar las dotaciones mínimas y evitar mayor precarización en condiciones que comprometan la salud y seguridad laboral.
Desde la Comisión Interna expresaron que los Sindicatos y las Comisiones Internas no están para firmar rebajas salariales, sino para lograr conquistas y defenderlas. Además, aseguraron que el Grupo Pérez Companc nunca tuvo pérdidas económicas. “Durante la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández le subsidió nuestro salario y lograron aumentar sus ganancias mientras nosotros poníamos en juego nuestra vida y la de nuestras familias”, mencionaron. Y agregaron: “Ahora con el gobierno de Milei, quiere pasar la motosierra y amputarnos nuestro salario mientras expande sus negocios a la actividad de hidrocarburos y obtiene ganancias record en su rama vinculada al agro”.
Los delegados denunciaron además una serie de prácticas antisindicales: la empresa desconoció acuerdos firmados previamente, se negó a negociar, utilizó despidos como forma de presión, y convocó reuniones con el personal en las que, según testigos, se planteó que si no aceptaban la baja salarial, la aplicarían igual.
“Esto es una prueba piloto que va en sintonía con la política del Gobierno Nacional, en camino a una segunda reforma laboral y reforma sindical, es decir la eliminación de los sindicatos y la negociación colectiva”, alertaron desde la Comisión Interna.
El próximo 7 de julio se llevará a cabo la sexta audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense. Mientras tanto, las y los trabajadores aseguraron que seguirán firmes y en unidad en defensa de sus derechos. En ese marco, exigen la reincorporación de los despedidos, no a los despidos, no a la rebaja salarial, no a la precarización y no a los aprietes ilegales de la empresa.