El gobierno de Javier Milei continúa con la motosierra con una ola masiva de despidos en el Estado. En paralelo, durante el Foro de Economistas Latinoamericanos, el presidente destacó la baja de la inflación, donde afirmó que en febrero fue del 7%.
Respecto a los despidos, el mandatario se mostró orgulloso de su plan para achicar el Estado. En ese sentido, declaró que ya se despidieron 50 mil trabajadores públicos y que van a caer otros 70 mil contratos.
La ola de despidos por parte del Gobierno se extiende en diversos sectores de Argentina, como el ámbito cultural, meteorológico, administrativo, agroalimentario, aeroportuario, científico, comunicacional, entre otros. Esta política de reducción desencadenó en la reacción de los gremios, que convocaron a un paro nacional el próximo 3 de abril.
El ajuste indiscriminado se relaciona con el Decreto 84/2023, publicado en el Boletín Oficial a finales de diciembre, el cual estableció la finalización de contratos laborales para el 31 de marzo.
Además, el desmantelamiento estatal implicó el congelamiento de la obra pública, lo que impacta de forma directa en la reducción de empleos del sector privado. Un ejemplo de esto son los más de 100 mil despidos de trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Repercusión gremial estatal
Ante las recientes declaraciones de Milei en el Foro, el secretario sindical de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, comentó en el programa radial Inmensa Minoría que les trabajadores se encuentran con zozobra y angustia.
A su vez, planteó que es un delirio pretender despedir a 70 mil empleades, ya que sería la mitad de trabajadores necesarios para que funcione el Estado. En esa línea, el sindicalista aseguró que con esa intención demuestra que Milei no conoce el funcionamiento del mismo.
Por otra parte, desmintió la afirmación de que se hayan eliminado 50 mil contratos. Según Aguiar, los despidos afectan a alrededor de 2 mil personas y afirmó: “El presidente se refiere a 70 mil puestos, a los que están en riesgo por la renovación de contratos en la administración pública nacional”.
En tanto, el secretario sindical de ATE sostuvo que el Gobierno tiene la intención de reducir entre un 20 y un 30% de la planta estatal, lo que implicaría más de 14 mil trabajadores despedidos.
Frente a esta situación, ATE convocó una nueva medida de fuerza nacional para el miércoles 3 de abril. La acción consistirá en un paro nacional activo de 2 horas, con presencia en los lugares de trabajo mediante un ingreso masivo de los empleados a una hora determinada.
Por otro lado, desde la institución gremial, también plantearon la posibilidad de una ocupación pacífica de los ministerios, la cual será como forma de expresar el descontento frente al brutal ajuste del gobierno libertario.
Últimos despidos y protestas
Este miércoles, les trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúan con el segundo día de paro nacional en puertos, aeropuertos y aduanas. La medida busca frenar las exportaciones agroindustriales como respuesta a la amenaza de despedir al 30% de empleades de planta.
“Decidimos iniciar una medida de fuerza que va a impactar fuerte en la economía, frenando por completo el comercio internacional de nuestro país. No vamos a permitir que se lleven adelante despidos ilegales”, indicaron desde ATE.
En simultáneo, trabajadores de ATE Conicet también continúan con acciones en contra de los despidos. Este miércoles realizaron un ruidazo en el polo científico para exigir la reincorporación del personal despedido. Además, exigen la renuncia de Daniel Salamone, a quien consideran cómplice de las cesantías difundidas el 25 de marzo.
A su vez, está previsto un cacerolazo a las 19 en Aeroparque en protesta por los despidos en la empresa GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Les trabajadores demandan la reincorporación de más de 60 empleades despedides.
Desde el personal afirman que la empresa anunció su intención de seguir con los despidos, los cuales declaran como completamente ilegales. Por último, denunciaron que la carga de trabajo está aumentando e indicaron que se trata de una estrategia por parte de GPS, la cual plantea bajas en las tareas laborales para evitar pagar las indemnizaciones correspondientes.