Este miércoles a las 9 comenzó la octava Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, ubicado en la Provincia de Río Negro. La manifestación es llevada a cabo en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a la derogación de la Ley de Tierras.
Durante la jornada convocada por organizaciones sociales, gremiales y políticas se realizará un recorrido que partirá de las calles Moreno y Onelli, en San Carlos de Bariloche, pasará por el Centro Cívico y se dirigirá hacia el paraje El Foyel. Luego se dirigirán hacia el Camino de Tacuifí el último tramo a Lago Escondido, lugar en el que está el predio comprado por el magnate británico Joe Lewis.
Participaran del trayecto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la CTA Autónoma, el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) integrante de la UTEP; el sindicato docente UnTER y de la Corriente Clasista Combativa (CCC).
La marcha y concentración por parte de las organizaciones cobra una mayor relevancia en el marco de un gobierno libertario que busca mediante el DNU 70/ 2023 derogar la Ley de Tierras.
La venta ilegal del lago
Distintas fracciones de la sociedad rionegrina se encuentran en la lucha activa por el Lago Escondido y las 12 mil hectáreas que adquirió el magnate inglés, Joe Lewis.
El conflicto de la legalidad en la compra de territorio argentino por parte de Lewis data desde hace más de 20 años. En 1996 la empresa H.R. Properties Buenos Aires S.A. se encargó de tramitar la autorización para la compra de tierras en Río Negro, una zona que se encuentra limítrofe con Chile y que posee un lago.
Por entonces, la Ley 15.385 planteaba una zona de seguridad de fronteras en pos de la defensa nacional, por lo cual no se tendría que haber autorizado la venta de las tierras del Lago Escondido por estar a un poco más de 6 km de la frontera chilena.
Además, dicha ley aún sostiene que los bienes ubicados en la zona de seguridad deben pertenecer a ciudadanos argentinos nativos. Por lo tanto, Lewis no puede ser propietario.
Se sostiene que la empresa Properties Buenos Aires S.A después convertida en Hidden Lake S.A, puede efectuar la compra por tener como accionistas mayoritarios a Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti, ambos argentinos. Sin embargo, tiempo después se incorporó a la sociedad Charles Barrington Lewis, el hijo del magnate.
La denuncia por irregularidades en la venta de las 12 mil hectáreas no tuvo ningún avance hasta que finalmente en el 2016 se prescribió.
Apertura de camino a Lago Escondido
Otra de las peripecias judiciales por las que tuvieron que pasar les activistas fue la defensa para que se pudiera acceder al recurso natural. En el 2022, la Cámara Civil de Bariloche dispusó que el gobierno de Río Negro señalice y adecue el camino al lago para su uso.
Sin embargo, la ex gobernadora Arabelas Carreras apeló el fallo. Esto implicó que la Cámara rechazara el amparo de les activistas.
Lo mismo sucedió en el 2013 cuando el Tribunal Superior Judicial rionegrino estableció que el camino de Tacuifí debería ser público y libre, pero el fallo también fue apelado.
Por otra parte, en el 2022 el gobierno bajo la gestión de Alberto Fernández, amplió la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas en la causa que investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales y otros funcionarios”.
La investigación se debió por los beneficios y dádivas otorgadas a los visitantes de la estancia de Lewis, quienes fueron imputados en los términos del art. 258 del Código Penal.
La denuncia imputo a los visitantes: Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.