El día miércoles tuvo lugar, desde la mañana, el debate en la Cámara de Diputades sobre la Ley Ómnibus, impulsada por el gobierno de Javier Milei y denominada oficialmente “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
En comisiones, los sectores más dialoguistas con el Gobierno lograron negociar la eliminación de normativas que afectaban a las economías regionales, el derecho a la protesta y las jubilaciones, entre otros temas. De esta forma, el proyecto se redujo de 664 a 385 artículos.
Ahora, los aspectos más importantes que se debaten en la sesión son la declaración de la emergencia pública, que confiere facultades extraordinarias al Presidente de la Nación, y la habilitación para privatizar empresas estatales.
Luego de una jornada de intervenciones orales de les legisladores, interrupciones de terceros presentes en el recinto y represión por parte de las fuerzas de seguridad a les manifestantes afuera del Congreso, no se llegó a un consenso y la sesión entró en un cuarto intermedio pasadas las 21 horas.
Sin embargo, la decisión de pausar la sesión para reanudarla el día de hoy fue cuestionada por la oposición. Les legisladores denunciaron que el proyecto final, el dictamen de mayoría votado en comisiones, no estaba presente en el recinto.
Resulta un hecho inédito que les diputades se encuentren debatiendo sobre un proyecto que no está puesto sobre la mesa. La intención del Gobierno con esta maniobra es continuar las negociaciones, en vistas de que la ley incluya artículos indispensables para su programa económico, como las facultades delegadas y las privatizaciones.
El dictamen de la Ley Ómnibus, nuevamente en tela de juicio
El escándalo ya había rodeado el dictamen durante las reuniones en comisiones legislativas. En primer lugar, la presidencia de la Cámara anunció que se había aprobado un dictamen por mayoría de 55 votos, aunque luego trascendió que la firma de les legisladores fue en un papel en blanco.
Luego, diputades oficialistas realizaron una reunión en un departamento privado, donde estuvo presente Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto inicial. Allí, continuaron modificando la ley a su antojo.
Frente a esto, el dictamen recibió varias denuncias de nulidad, debido a que las acciones denunciadas constituyen el delito de falseamiento de instrumento público y una violación a la representación popular.
Ayer, al comenzar el debate en el recinto, el diputado Miguel Ángel Pichetto (presidente del bloque Hacemos Coalición Federal) reclamó que la sesión había comenzado sin que el documento del dictamen estuviera presente en las bancas.
Las acusaciones fueron reiteradas hacia el fin de la sesión, cuando el diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) comunicó en sus redes sociales que “después de 11 horas de sesión, no aparece el dictamen de mayoría y como no sabemos qué ley estamos discutiendo, se suspende la sesión hasta mañana”.
«El oficialismo pasó de querer aprobar la ley en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones», denunció Germán Martínez, presidente del bloque de UxP.
Transcurrido un mes desde que comenzó a discutirse el proyecto, el gobierno libertario entiende que el espíritu de la ley fundamental para su gestión ya fue debilitado por las modificaciones. Además, para evitar mayores demoras en el tratamiento, se vio forzado a anunciar la eliminación del Capítulo Fiscal del proyecto.
No obstante, Javier Milei y sus funcionarios insisten en utilizar todas las herramientas que tengan a su alcance para lograr la aprobación de la ley, aunque sus métodos de negociación se asimilan más a la amenaza y el apriete, como ya se vio en la extorsión a los gobernadores.
El espectáculo represivo de Bullrich
Mientras se desarrollaba la sesión, las calles alrededor del edificio legislativo fueron ocupadas por manifestantes en contra de la Ley Ómnibus. Organizaciones sociales, dirigentes de los partidos de izquierda, docentes, jubilades y personas autoconvocadas realizaron una vigilia para velar por los derechos de les argentines.
Del otro lado de la mecha, un enorme operativo de la Gendarmería Nacional esperaba indicaciones de represión. Las fuerzas de seguridad tienen la orden de cumplir el protocolo “antipiquetes” de la ministra Patricia Bullrich, que busca restringir la protesta social.
En un intento de evitar los cortes de calle, la Gendarmería avanzó sobre les manifestantes y reprimió con palazos, gases lacrimógenos y carros hidrantes. “Patricia Bullrich está montando un show para justificar la ley”, denunció la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.
Lo cierto es que el Gobierno diseñó a medida el protocolo de represión, a sabiendas de que las reformas económicas podrían causar una fuerte tensión social en un pueblo sumamente vulnerado. Una vez más en la historia argentina, se usa la fuerza para reprimir las disidencias, mientras se legisla en contra de los intereses populares.