viernes 14 de junio de 2024

No hay plata, pero sí represión: Bullrich anunció el protocolo antipiquetes

Tras las medidas económicas, el Gobierno introdujo disposiciones de seguridad para prohibir protestas en espacios públicos. Organismos de derechos humanos alertan que las mismas no respetan derechos y garantías constitucionales.
Bullrich
El nuevo protocolo antipiquetes de Bullrich es oficial. Crédito: A24.

Las nuevas regulaciones que regirán el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ya fueron publicadas en el Boletín Oficial, donde se argumenta que las medidas impulsadas son necesarias debido a la “recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito”. 

Dichas medidas, anunciadas ayer por la ministra, llegan un día después de que Luis Caputo, Ministro de Economía, presentara las regulaciones económicas que implementará el nuevo gobierno, prometiendo un ajuste salvaje para los próximos años. 

Las mismas tienen como objetivo prohibir las movilizaciones en la vía pública y autorizar a las fuerzas de seguridad a actuar sin necesidad de orden judicial. A través de la resolución 943/2023, publicada este viernes, se estableció el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”.

El argumento que fundamenta el mismo, según palabras de la ex candidata a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), es la “urgencia de la situación” y “la actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública”.

De esta manera, el Boletín Oficial también oficializó los nombres que integrarán las fuerzas durante los próximos cuatro años: Comisario General Luis Alejandro Rollé asume el cargo de Jefe de la Policía Federal Argentina. El Doctor Alfredo Hernán Gallardo se desempeñará como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez ocupa el cargo de Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina. Comandante General Antonio José del Pilar Bogado asume el cargo de Director Nacional de la Gendarmería Nacional.

Bullrich criminalización de la protesta
La criminalización del derecho a la protesta es un hecho. Crédito: Sebastián Mandafrina, Nota al Pie.

La represión en marcha

Por su parte, Bullrrich recurrió al viejo discurso de “orden y paz” para que la gente ‘trabajadora’ pueda circular tranquila. Fiel al estilo que intenta imponer hace años, enumeró las nuevas reglas que buscarán prohibir las manifestaciones que se realicen contra las medidas del gobierno de Javier Milei

“El corte se termina”, advirtió la ministra, y añadió que no tolerará ni siquiera las movilizaciones pacíficas que permitan espacio para el desplazamiento de los transportes. “Se actuará hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, señaló.

En la conferencia, la ministra de Seguridad enumeró punto por punto el nuevo protocolo sin considerar la protección de los derechos humanos y las obligaciones internacionales que no puede eludir. 

De esta manera, dejó en claro, una vez más, que la represión será la única respuesta para quien intente manifestar su descontento con las decisiones gubernamentales. 

Pautas del nuevo protocolo

  • Las fuerzas federales podrán intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales.
  • Podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes
  • No se tendrá en cuenta la existencia de vías alternativas. Se va a actuar hasta dejar todo el espacio de circulación liberado. “Emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” con ”armas no letales”. Sin embargo, se aclara que esa fuerza será “graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes” y con ”empleo de armas no letales”.
  • Serán identificados los instigadores y los vehículos.
  • Se van a registrar todas las acciones penales. Del mismo modo, se incautarán los vehículos sin documentación en regla.
  • Anticipó que los uniformados trabajarán en las estaciones de tren con el fin de detectar materiales y actitudes: caras tapadas, palos, etc. 
  • Los datos de los autores serán remitidos a las autoridades de aplicación para ver la personería jurídica de los mismos.
  • Por la quema de cubiertas que suele hacerse en movilizaciones, se dará aviso al juez competente si se comprende que hay daño ambiental.
  • Se dará aviso a las autoridades competentes si participan niños y adolescentes.
  • El Ministerio de Seguridad ”podrá demandar judicialmente” a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, “por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”. 
  • Se va a crear un registro de las organizaciones que participen en este tipo de situaciones. No especificó para qué lo usarán. Lo mismo sucederá con “sindicatos o trabajadores que bloqueen empresas”, según la ministra. ¿Serán vigilados? ¿Denunciados penalmente?
  • Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garre.

“La ley se cumple o no se cumple. La vamos a hacer cumplir”, sintetizó Bullrich tras anunciar el plan.

Bullrich
Se derogará el protocolo que garantiza seguridad y cuidado de los derechos humanos para los protestantes. Crédito: CR Al Frente.

El regreso al pasado

En el último punto de su exposición, la ministra mencionó que el nuevo reglamento deroga el “Protocolo garantista de Nilda Garré”. Este último fue dictado en mayo de 2011 y sostiene que fue elaborado para “incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado” (refiriéndose a la actuación de las fuerzas de seguridad).

La premisa del protocolo garantista era asegurar la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades, así como “no reprimir la protesta social, sino activar canales de diálogo frente al derecho a circular”.

La resolución que derogará el nuevo protocolo fue motivada después de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cuando el entonces presidente interino, Eduardo Duhalde, ordenó impedir que los piqueteros cortaran el Puente Pueyrredón y pasaran a Capital Federal. Su función era limitar la represión y el uso de la fuerza policial.

“Ahora, más que una limitación para el uso de la fuerza policial, hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, alertó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Durante el mandato de Mauricio Macri, cuando Bullrich también lideraba el Ministerio de Seguridad, el protocolo de Garré seguía vigente. No obstante, desde el principio, se implementaron políticas represivas y de persecución que se volvieron una característica de la ex candidata presidencial.

La ministra lleva el peso de la represión a las protestas que cuestionaron la reforma previsional a fines de 2017, así como el operativo en el que asesinaron a Santiago Maldonado mientras huía de la Gendarmería Nacional, que fue autorizado para “limpiar” la ruta. La acción de la Prefectura que resultó en la muerte por la espalda de Rafael Nahuel ese mismo año también fue ordenada por Bullrich.

Amparada por toda la estructura política que hoy representa, la ministra dejó en claro que no intentará gestionar los conflictos, sino que garantizará el orden público, a costa de represión y sin garantizar la seguridad.

Contra todos los acuerdos internacionales que amparan la Constitución Nacional, el gobierno de Javier Milei, representado por su flamante ministra, buscará también criminalizar a madres y padres de familia que peleen por mejores condiciones de vida y que sufrirán la peor parte del perverso plan de ajuste.

La violencia institucional y la persecución de militantes y dirigentes, a los que se refirió como “autores, cómplices, instigadores y organizadores” ya tiene un cheque en blanco.

Silvia Saravia, tras los anuncios de Bullrich: «Hace falta un protocolo contra el hambre, no un protocolo contra la protesta»

La dirigente nacional de Libres del Sur, se pronunció luego de las declaraciones de la Ministra Bullrich. Saravia expresó que «el gobierno nacional debe hacerse cargo de las decisiones que toma. Su primera decisión fue hacer una devaluación brutal que tiene un impacto directo en los precios, particularmente en los precios de los alimentos. Esto deja a una parte muy importante de la población cayendo en la pobreza y en la indigencia».

Además, sostuvo que «lejos de dar respuestas concretas de contención a los ‘caídos’, se preocupa más por ver cómo reprime o cómo mete miedo al pueblo, porque sabe que reaccionará ante esas medidas tan duras».

Por último, advirtió que «Cada vez que un gobierno tomó este tipo de decisiones, las consecuencias fueron fatales. Los hacemos responsables de las consecuencias que la implementación de este protocolo puedan tener».

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