En medio de fuertes rechazos hacia el decretazo de ajuste, privatización y desregulación económica de Javier Milei, las organizaciones sindicales profundizaron sus medidas de fuerza con un plan de lucha nacional en defensa del trabajo, los derechos y la soberanía. En este marco, la Confederación General de Trabajadores (CGT), junto a la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma (CTA-A) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), llamó a les trabajadores a movilizar en una convocatoria masiva hacia tribunales el miércoles 27 de diciembre.
Según expresaron sus dirigentes, la CGT busca “voltear el DNU” con el pedido de inconstitucionalidad y recursos de amparo que presentó ante la Justicia. Además, la central obrera convocó para el jueves próximo al Comité Central Confederal (CCC) para analizar los pasos a seguir.
A su vez, la CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Observatorio del Derecho de la Ciudad presentaron un amparo colectivo que solicita a la justicia la declaración de inconstitucionalidad y “nulidad absoluta” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. El argumento expuesto por les dirigentes es que la normativa implica una “desviación de poder y un abuso de derecho público”.
El plan de lucha de las centrales trabajadoras
Horas después del anuncio del presidente, la CGT tuvo una reunión de emergencia para determinar cómo responder al mega decreto. Entre las primeras medidas, lanzaron una movilización para el próximo miércoles al Palacio de Tribunales con el objetivo de lograr la impugnación formal del decreto. “Tenemos que exigir que se retrotraiga”, aseguró al respecto el secretario general de la central obrera, Héctor Daer.
Además, el dirigente anticipó que se entregará a la Justicia un pedido de inconstitucionalidad y un amparo para que se “suspendan todos los efectos” del DNU. En esa línea, detalló: “No sólo desde lo laboral, sino todo lo que tiene que ver con la realidad de los compañeros y compañeras trabajadoras, que van desde la Ley de Alquileres a la supresión de estatutos de viajantes, el código aduanero, que tiene que ver con la Argentina y con la producción”.
La movilización además será acompañada por las CTA y la CTA Autónoma. Les dirigentes de las centrales aseguraron que mantuvieron reuniones con legisladores nacionales para pedirles que rechacen el DNU. Asimismo, anticiparon que el próximo jueves realizarán un plenario donde definirán una fecha de paro nacional con movilizaciones a lo ancho y largo del país.
Para el titular de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, el decreto de Milei “es una bomba neutónica que quiere arrasar con la Argentina, las instituciones de la república y todos los derechos que durante años fuimos capaces de construir”. Por eso, insistió en que “esto nos obliga a definir un plan de lucha que tratará de avanzar con los mayores niveles de unidad posible”. Además, agregó: “Ante la crisis que atraviesa la Argentina, la única salida no puede ser volver a las peores políticas neoliberales”.
Por su parte, el dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, realizó una fuerte crítica a la gestión de ultraderecha y el decretazo: “En la Casa Rosada hay un grupo de gente que piensa que, en lugar de iniciarse el mandato de un presidente, se inició el reinado de las fuerzas del cielo”. “No estamos ante una monarquía. El Congreso existe y tiene tanta validez como el presidente”, sostuvo.
Además, apuntó contra las amenazas por parte del Ministerio de Seguridad y protocolo de seguridad de Patricia Bullrich: “No nos van a amedrentar con la represión”. Yasky sentenció que “si la política es hambrear al pueblo los argentinos y si bajar la inflación es hundir los salarios, vamos a salir a las calles”.
El pedido de inconstitucionalidad
Este jueves el Observatorio del Derecho, junto al secretario general de la CTA-A, Godoy, el presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y el titular nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad y “nulidad absoluta” del DNU. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, a cargo de Esteban Furnari, admitió la acción como un amparo colectivo y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.
Para les dirigentes, el decreto viola “el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”. Por ello, solicitaron una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma, así como la suspensión del artículo 24 de la Ley 26.122 del Régimen Legal de los DNU que establece que “el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación”.
Para el dirigente de ATE, “Milei ha decidido gobernar por decreto y arrasar con el Congreso”. En ese sentido, Aguiar aseguró que la derogación de más de 300 leyes significa la extinción del mismo. Además, frente a las amenazas de la ministra de Seguridad, advirtió: “Tenemos que rescatar el único dato positivo es que el pueblo salió a la calle. Hay que perderle miedo al Estado ficticio de terror con el protocolo de Bullrich”.
El accionar de los gremios
Desde la UTEP se declararon en estado de alerta y movilización en rechazo al índice ascendente de inflación y las medidas anunciadas por Milei. Este miércoles realizaron un “feriazo” de cooperativas de producción de alimentos frente al Congreso Nacional y anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza. La titular del gremio, Dina Sánchez, aseguró que “si bien es cierto que el gobierno de LLA está gobernando con un consenso bastante alto, sabemos también que el pueblo no come vidrio y que estas leyes que quieren derogar fueron conquistadas por el pueblo”.
Por otra parte, el gremio de les bancaries realizaron un abrazo simbólico en la vereda de la sede central del Banco Nación en rechazo a la posibilidad de privatización que habilita el DNU. La Asociación Bancaria, dirigida por el diputado peronista Omar Palazzo, se declaró en “estado de alerta y movilización, en defensa de las y los trabajadores, y el pueblo en su conjunto” frente al decreto que “avasalla y golpea a la democracia y las instituciones”. Palazzo advirtió a partir de un comunicado: “El Nación no se vende. La Patria no se vende”.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también se declaró en estado de alerta y movilización. Mediante un comunicado definió al decreto como “un avasallamiento que amenaza a los trabajadores, al cercenar nuestras leyes laborales, convenios colectivos de trabajo, derecho a huelga y todas las libertades jurídicas y sindicales”.
Asimismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) aseguró que el decretazo es “ilegal, ilegítimo e inconstitucional”, y representa una “avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones”. A través de un comunicado, el gremio comentó que el DNU “establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas”, pero la disposición en lo que respecta a Agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública y Contenidos Públicos, “no tiene validez jurídica”. Por dicha razón también se declararon en estado de alerta y convocaron a asambleas de cara a la próxima semana.
Por último, el secretario general del sindicato de trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, insistió en que “la única forma de enfrentar una situación tan grave como la que vivimos es exigirle a la justicia que declaren ilegal el DNU y movilizarse en la calle”. “Este DNU afecta casi al 90% de la sociedad, son muy pocos los beneficiarios de este decreto que no es necesario ni urgente”, sostuvo el dirigente.