El martes, en un evento realizado en la sede del Congreso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió la propuesta de nueva Constitución que será aprobada o rechazada en un plebiscito el próximo 17 de diciembre. En este sentido, el mandatario chileno afirmó que, concluido el trabajo del Consejo Constitucional, «se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos, ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa».
De esta manera, el país vecino se aproxima a cerrar -parcialmente- el largo camino para una nueva Carta Magna que inició tras el estallido social del año 2019 y, que gestión progresista mediante, históricos referendos y vaivenes políticos, culminó con una segunda propuesta constitucional a la medida de la derecha chilena y José Antonio Kast.
Un nuevo plebiscito
En el 2020, luego de las masivas protestas populares y la feroz represión del gobierno de Sebastian Piñera, el pueblo chileno eligió iniciar el camino para la redacción de una nueva Constitución que reemplazará la vigente Carta Magna pinochetista. Un 78% de los votantes, en la elección con mayor participación desde el regreso a la democracia, aprobó el arranque de un proceso constituyente e ilusionó con el comienzo de un nuevo ciclo político que terminará con décadas de neoliberalismo.
En la actualidad, 42 meses después de aquella histórica jornada, una segunda propuesta constitucional será votada el próximo 17 de diciembre. Lo paradójico es que, en esta oportunidad, los sectores que canalizaron los reclamos de una mayoría social que exigía terminar con la desigualdad y tumbar con la principal herencia del dictador Augusto Pinochet, son quienes impulsan la campaña del rechazo en el nuevo referéndum y quienes, por el momento, optan por mantener vigente el actual texto constitucional.
El presidente chileno, luego de recibir la propuesta de manos de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, explicó los escenarios posibles una vez que los resultados determinen la elección popular. En ese sentido, Boric afirmó que «en caso de que esta propuesta sea aprobada, no les quepa ninguna duda de que, como Gobierno, cumpliremos íntegramente con su correcta implementación». Por otro lado, el mandatario sostuvo que en caso de ser rechazada su gestión buscará responder a las demandas sociales exigidas por la ciudadanía.
Por lo pronto, si bien aún queda más de un mes de campaña, algunas encuestas indicaron que es muy probable que la sociedad chilena elija declinar el proyecto para una nueva Carta Magna una vez más. Tal es el caso de la encuestadora Cadem, que en un reciente estudio reveló que sólo un 35% de las personas encuestadas se encontró a favor aprobar el texto mientras que un 50% manifestó su rechazo. De mantenerse y confirmarse la tendencia, números que reconocen desde la propia derecha chilena y que mantienen esperanzado al bloque progresista, no se discutirá una nueva Constitución al menos hasta el fin del mandato de Boric.
Una Constitución a la medida de Kast
La «Kastitucion». Así la llaman en Chile a la propuesta presentada a Boric por el Consejo Constitucional y cuyo horizonte es un esperable fracaso según vaticinan sondeos, medios y analistas políticos del país sudamericano. Los roles se invirtieron y tras el rechazo a la primer propuesta de una nueva Constitución el 4 de septiembre del 2022, ahora es la derecha chilena quien militara la aprobación de un nuevo texto hecho a su medida.
Lo cierto es que la victoria en las elecciones al Consejo Constitucional del Partido Republicano, fuerza liderada por José Antonio Kast, permitió la redacción de un proyecto constitucional muy distinto a la anterior propuesta y que no solo deja intacta la estructura económica neoliberal sino que, al mismo tiempo, amenaza con el retroceso en derechos civiles y políticos.
El aborto, la inmigración, la prisión domiciliaria a condenados por delitos de la lesa humanidad, la no existencia del impuesto al patrimonio y un peligroso quorum de dos tercios para modificar el texto constitucional, son solo algunas de las polémicas que se generaron por una propuesta constitucional que solo fue consensuada entre el arco político de la derecha conservadora y neoliberal chilena.
Mientras el envalentonado Partido Republicano llama a aprobar la nueva Carta Magna y apela a la estrategia de terminar con la incertidumbre que representa tener una Ley Fundamental en constante debate, el bloque político y social progresista de Chile convocó a rechazar el texto el próximo 17 de diciembre. En esa línea, además de la coalición gobernante que contiene a fuerzas como Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, también expresaron su negativa el Partido Comunista y el Partido Socialista.