Desde mañana, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pondrá en debate diversos proyectos en los cuales se busca penar el negacionismo e incorporar el antisemitismo en la ley antidiscriminatoria.
A su vez se tratará la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática que propone una modificación en el Código Penal para sancionar actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
De cara al balotaje del 19 de noviembre, estos temas pasaron a tomar exclusiva relevancia con la aparición de discursos negacionistas desde el espacio de La Libertad Avanza que tiene como candidato presidencial a Javier Milei y como vice a Victoria Villarruel.
Por un lado, el candidato Milei niega los 30 mil desaparecides a causa de la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 a tal punto de expresarlo en el debate presidencial.
“No fueron 30 los desaparecidos, son 8753”, expresó. Al tiempo que justificó los acontecimientos al considerar que “hubo una guerra” en la cual “las fuerzas del estado cometieron excesos”, parafraseando al dictador Emilio Massera.
Por otra parte, Villarruel mantiene la misma postura con mayor compromiso a tal punto de haber “homenajeado a las víctimas del terrorismo” en la Legislatura porteña, lo que le valió el repudio de más de 300 organizaciones en defensa de los Derechos Humanos.
La candidata a vicepresidenta por LLA tiene una postura histórica vinculada al negacionismo y es conocida por sus visitas a genocidas, que según ella, eran para “escribir un libro”.
En este sentido, aseguró que “todo lo que han escuchado en los últimos 40 años es falso” y que ello “ha sido construido por la izquierda, por las Madres de Plaza de Mayo, por las Abuelas”.
Asimismo, recientemente atacó a Estela de Carlotto y la catalogó como “un personaje bastante siniestro”.
En este contexto, resulta necesario el abordaje a leyes que condenen el negacionismo del terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad.
Los proyectos contra el negacionismo
En el día de mañana miércoles, desde las 14 en el edificio anexo, estará la comisión de Derechos Humanos de Diputados que preside Hugo Yasky para abordar leyes contra el negacionismo.
Se buscará unificar ideas entre los proyectos presentados, por un lado el que impulsó Marina Stilman desde la Coalición Cívica y por otro el del oficialista Eduardo Fernández, con apoyo de Estela Hernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés.
El del diputado del Frente de Todos establece la modificación del artículo 213 para estipular que «será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
En otro de sus artículos, se señala que «será reprimido con multa económica de 10.000 a 100.000 pesos quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de los delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad”. Dicha multa será del doble de la fijada en caso de tratarse de funcionarios públicos.
En ambos casos, citan que se procedería acorde a lo previsto “por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere».
En referencia a los agravantes, los funcionarios públicos que ocupen cualquier Poder del Estado podrán ser sancionados con la destitución definitiva del cargo y ser inhabilitados para ejercer cargos públicos por diez años por negacionismo.
Respecto al proyecto sobre el Observatorio para la Convivencia Democrática que realizó Mónica Litza (FdT), el mismo «tendrá entre sus funciones diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y violencia; describir las TIC en el sistema político con énfasis en el negacionismo; y organizar actividades de formación y difusión de conocimiento», según consignó Télam.
A su vez, se buscará modificar la ley que regula el empleo público para prohibir la discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social.