Según consta en la denuncia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el pasado 29 de agosto los detenidos alojados en los calabozos de la dependencia número tres de la ciudad de Pergamino padecieron una brutal golpiza y represión. El despliegue habría sido llevado a cabo por efectivos de la propia comisaría a los que se sumaron oficiales del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Policía Motorizada y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM se presentó como particular damnificado en la causa y solicitó de forma urgente las pericias necesarias para probar los graves hechos que se investigan, al tiempo que brindan acompañamiento a las víctimas y familiares.
Los detenidos sufrieron la destrucción de sus pertenencias, amenazas de abusos sexuales y pasaje de corriente eléctrica. Habrían sido desnudados por completo y obligados a permanecer en el piso del patio, al aire libre y con bajas temperaturas.
¿Qué pasa en Pergamino?
Las familias de las víctimas presentaron las denuncias que llegaron a la CPM el mismo día del hecho para contactar al Fiscal General de Pergamino Mario Gómez, que dio intervención a la Unidad Fiscal N° 2, a cargo de Francisco Furnari.
El organismo, en calidad de preventor de la tortura, envió un equipo de inspecciones al lugar de los hechos, quienes tomaron testimonios mediante entrevistas privadas y confidenciales con las personas detenidas, recopilando relatos sobre torturas con métodos conocidos durante la dictadura militar, como el pasaje de corriente eléctrica (picana).
La ciudad de Pergamino ya había sido escenario de violaciones a los derechos humanos en democracia en el 2017, cuando el 2 de marzo, siete detenidos en prisión preventiva por delitos menores murieron en un incendio dentro de los calabozos de la Comisaría Primera, la misma que había funcionado como un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.
Según lo relevado por la CPM, luego de un conflicto producido en las celdas, más de 30 efectivos encapuchados y armados habrían trasladado a las personas detenidas hacia el patio de la seccional donde, a través de golpes e insultos, los obligaron a desnudarse y a permanecer en el piso, pese al frío. Luego los hicieron formar fila para pasar por un pasillo donde se les propinaban golpes de puño y patadas a medida que avanzaban.
El mecanismo se habría repetido varias veces durante la tarde del 29 de agosto, sumando también golpes en los tobillos y costillas, torturas con látigo, caminatas sobre las espaldas con las botas del uniforme policial y pase de corriente eléctrica sobre algunos de los cuerpos desnudos de los jóvenes privados de su libertad.
La palabra de las personas detenidas
El organismo por la memoria viajó hasta las cárceles de Junín y San Nicolás, donde los reclusos fueron trasladados por la policía y pudieron registrar las gravosas condiciones de detención.
Las personas detenidas denuncian que la policía ingresó a las celdas donde destrozó sus pertenecías, tiró comida y elementos de higiene y robaron zapatillas. Relataron que luego de cinco horas de aplicación de las torturas mencionadas, la presencia de los familiares y del Colectivo Antirrepresivo 7 de Pergamino se hizo notar afuera de la comisaría y se logró detener la represión. Sin embargo, pasaron la noche sin comida, sin colchones ni ropa de cama y con el agua y la luz cortada.
Desde la CPM señalaron que “los relatos coincidentes y contundentes de las personas privadas de libertad en la Comisaría 3ª de Pergamino dan cuenta de un accionar que involucró a distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que constituye graves violaciones de derechos humanos, delitos de acción pública más graves que los que se imputan a las personas detenidas”.
El trabajo de la Comisión por la Memoria
Desde la Comisión se publicó el nuevo informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), un relevamiento en el ámbito federal y provincial que la CPM, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires realizan desde el 2010.
El trabajo de campo del RNCT se realizó en siete unidades penales del Servicio Penitenciario Federal y en doce unidades de la Provincia de Buenos Aires. Se relevaron además víctimas en otras diez cárceles federales y cuatro unidades más de servicios provinciales (Córdoba y Misiones). Los primeros resultados arrojaron 470 casos de tortura y/o maltrato. La Procuración Penitenciaria de la Nación también llevó a cabo su propio relevamiento, identificando 275 víctimas de tortura de las cuales 136 fueron identificadas a partir de entrevistas individuales y 139 a través de fichas de observación.
El informe completo está disponible en la web de la CPM junto a los Principales datos de la política criminal en la Provincia de Buenos Aires y al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires.
El organismo de derechos humanos dio rápidamente, luego de lo ocurrido en Pergamino, intervención al Ministerio de Seguridad, a la Auditoría de Asuntos Internos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Políticas Penitenciarias y Violencia Institucional del MPBA para que tomen las medidas correspondientes. Se solicitó, además, que la Defensoría de Ejecución del departamento judicial de Pergamino realice investigaciones sumariales, intervención de la comisaría y que se desafecte al personal involucrado.