Este 28 y 29 de agosto se llevó a cabo la conferencia “La gobernanza global de la transición energética: Territorios, políticas y narrativas en disputa” en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). En el marco de la charla se debatió sobre el conjunto de cambios en la producción, distribución y consumo de la energía y su impacto en los procesos productivos como también para el cuidado del medio ambiente.
El tema de la transición energética se encuentra en auge a nivel mundial a causa de la crisis que se da en el mismo sector. Esto también está relacionado a una crisis ambiental que deviene de la explotación de recursos de forma indiscriminada en distintos sectores de producción. En este sentido, busca cambiar el sistema actual de proveeduría energética basada en combustibles fósiles.
Por este motivo, América Latina cobra gran relevancia en las cuestiones geopolíticas y geoeconómicas debido a su capacidad de ser proveedor de los recursos necesarios para llevar adelante el cambio.
“Estamos en un sistema energético fósil desigual, opaco y neoliberal”, sostuvo Pablo Bertinat, integrante de la organización no gubernamental Taller Ecologista e ingeniero electricista y magíster en Sistemas Ambientales Humanos.
Además, Bertinat aseguró que no hay solo transformación en lo energético y lo tecnológico, sino también un proceso de cambio social y de la vinculación con la naturaleza. En ese sentido, agregó: “Tiene que haber una desmercantilización del sector energético, pensar el derecho social a la energía es fundamental para pensar la transición energética”.
Por otro lado, a raíz de la lógica que hay en torno a las corporaciones que se encargan de la explotación, Bertinat argumentó:“La energía no es un fin en sí mismo, es una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Debemos superar la desigualdad energética, es urgente en América Latina”. Por lo tanto, afirmó que “tenemos que pensar en una lógica comunitaria y cooperativa”.
La transición en Argentina
El Poder Ejecutivo argentino estableció en 2022 el camino hacia una “Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo plazo a 2050”. Esta decisión fue tomada tras acuerdos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNCC) y la Conferencia de las Partes N° 21 (COP21) celebrada en París en 2015.
En ese marco, Argentina lanzó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030, el cual plantea políticas para limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y dar respuestas frente a los impactos del cambio climático que se adapten a distintos territorios, ecosistemas y comunidades vulnerables.
Según informó el gobierno nacional mediante un comunicado, la meta de mitigación es “no exceder la emisión neta de 349 MtCO2e para 2030, objetivo aplicable a todos los sectores de la economía”.
El plan contempla el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el sector energético en vías de una estrategia para la transición energética. En ese sentido, consideran necesario el reemplazo de artefactos y equipos menos eficientes y más contaminantes por tecnologías innovadoras.
A la vez, se acompaña con la concientización del cuidado de los recursos mediante la implementación de programas integrales de educación y el fomento de cambios de hábito en pos de un consumo responsable.
En julio de 2023 el gobierno nacional informó que durante el segundo trimestre de 2023 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó obras para el transporte de energía eléctrica en las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
Dicha ampliación eléctrica habría permitido que se aumente la potencia a nivel nacional a 363,02 megawatts, de las cuales 291 megawatts habrían sido generados por fuentes de energía renovable.