sábado 20 de julio de 2024

Renunció Giorgio Jackson, mano de derecha de Gabriel Boric

El ahora ex ministro de Desarrollo Social de Chile dejó su cargo en medio de una serie de acusaciones por corrupción y tras fuertes presiones por parte de la oposición chilena.
Giorgio Jackson
En el gobierno de Gabriel Boric, Giorgio Jackson estuvo como Secretario General de la Presidencia y ministro de Desarrollo Social. Crédito: Reuters, Rodrigo Garrido.

Este viernes el ministro de Desarrollo Social de Chile, Giorgio Jackson, presentó su “renuncia indeclinable” ante el presidente Gabriel Boric. En las últimas semanas, la derecha chilena había estado exigiendo la salida del funcionario como una condición necesaria para negociar y avanzar en reformas propuestas por el gobierno.

Jackson, hombre clave como ministro de Desarrollo Social y amigo personal del presidente Boric, fue denunciado por la oposición debido a un supuesto manejo irregular de fondos públicos. 

Frente a la posibilidad de que una nueva acusación constitucional ingresara al Congreso el próximo lunes, el ex ministro chileno decidió dar un paso al costado para destrabar la paralización de la agenda política del oficialismo.

Una renuncia que golpea al gobierno de Chile

“Después de tener una reunión con el presidente he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable”, sostuvo Giorgio Jackson en una conferencia de prensa. 

En ese sentido, Jackson precisó que su dimisión fue presentada “tras constatar que mi presencia en el gabinete ha sido utilizada como una excusa por la oposición para no avanzar en los acuerdos que Chile demanda”. 

Giorgio Jackson
Jackson fue jefe de campaña en las elecciones que llevaron a Boric a la presidencia de Chile. Crédito: Instagram Gabriel Boric.

Durante su discurso de despedida el ex ministro aseguró que “Chile está cansado de vernos pelear, de que existan excusas para avanzar en reformas de pensiones, de un sistema de cuidados, de avanzar en las listas de espera, en los temas de seguridad”. 

A su vez, Jackson resaltó que “el gobierno ha dado señales importantes en materia de flexibilizar sus propuestas iniciales, ahora le toca a la oposición poner también de su cosecha”. 

Por su parte, el presidente chileno y compañero de militancia estudiantil de Jackson, Gabriel Boric, señaló en sus redes sociales que “Chile y los habitantes de nuestra Patria están primero”. Además, el mandatario comunicó que aceptó la renuncia de Jackson como “un gesto de generosidad que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas”. 

Con Jackson fuera del gobierno, el oficialismo espera poder retomar las negociaciones con la oposición para una serie de importantes medidas como la reforma a las pensiones o un nuevo pacto fiscal. Sin embargo, desde algunos sectores opositores salieron a aclarar que la renuncia del ex ministro de Desarrollo Social no es suficiente para continuar con las negociaciones.

Giorgio Jackson
La acusación constitucional es un mecanismo establecido en 1928. Desde entonces sólo prosperaron 20 de las casi 100 iniciativas legislativas. Crédito: La Gaceta Radical.

La acusación a Giorgio Jackson por corrupción 

Jackson había sido apuntado como “el rostro de la corrupción” por adversarios de Boric y, aunque negó todas las acusaciones, casi la totalidad de la oposición exigía su renuncia. De no realizarse, el Partido Republicano de Chile iba a presentar el próximo lunes ante el Congreso una acusación constitucional, es decir, un juicio político.

Sin embargo, las presiones se intensificaron luego de que, en junio pasado, una investigación periodística revelará una supuesta responsabilidad de Jackson en “Caso Convenios”, un esquema de traspaso de fondos directos a fundaciones sociales formadas por miembros de su partido desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Desde el inicio del gobierno de Boric, la oposición presentó 4 acusaciones constitucionales contra miembros del gabinete, aunque todas fueron rechazadas. La primera fue contra la ex ministra del Interior, Izkia Siches; la segunda contra Jackson por “abuso de autoridad”; la tercera contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos y la última en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

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