El próximo miércoles 19 de julio se desarrollará una nueva marcha contra el gobierno de Dina Boluarte en la capital de Perú, donde se estima que más de 15.000 personas se concentrarán en Lima. El temor al desbande en la tercera Toma de Lima está presente, y cabe recordar que en la primera manifestación fallecieron 70 personas producto de la represión policial y militar.
A pesar de que se esperaba un número superior de gente movilizada, les pobladores de las regiones de Arequipa, Cusco, Ayacucho y Puno, quienes no viajarán a Lima, anunciaron un paro para este 19 de julio en el interior de sus respectivas provincias.
Desde la Confederación General de Trabajadores del Perú aseguraron que las 26 regiones del país andino marcharán contra la presidenta. Algunas de ellas son Cajamarca, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco, Apurímac, La Libertad, Ica, Lima, Tumbes, San Martín, Huánuco y Junín, entre otras.
En tanto, el gobierno de Boluarte, que fue criticado a nivel internacional por los muertos que dejó su represión, no se quedó de brazos cruzados y anunció medidas de contención que incluyen vigilancia en las afueras de la capital.
Esa operación fue bautizada como “abanico verde”, por el despliegue de los uniformados que apunta a desestimular a los potenciales viajeros. El mismo forma parte de un plan a cargo del ministro del Interior, Vicente Romero, general retirado de la Policía.
De acuerdo a las voces oficiales, estas decisiones se toman en favor de quienes buscan una marcha pacífica y para aquellos que no quieran participar, pero sí continuar sus actividades habituales sin dificultad.
Además, el Ministerio de Interior anunció que 24 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú se desplegarán para atender cualquier eventualidad. En esa línea explicaron: “Nosotros seremos muy firmes con aquellos que generen violencia. Hemos dado precisiones y disposiciones estricta a la Policía Nacional para que dé cumplimiento a la ley y haga el uso de la fuerza”.
La situación de Perú
Desde la destitución del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, ya son 60 los muertos en el marco de las protestas que tuvieron su epicentro en Lima. La mayoría fueron producidas por heridas de balas e incluyen a ocho adolescentes.
La presidenta de Perú, por su parte, nunca presentó la renuncia. Además, afirmó hace poco tiempo que el adelanto de las elecciones ya es un tema cerrado, luego de que la propuesta haya fracasado dos veces en el Congreso.
En ese sentido, Boluarte sostuvo días atrás: “Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026”.
Respecto a la tercera Toma de Lima, la presidenta retrucó y cuestionó a les manifestantes: “¿Cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas manifestaciones violentas?”. A ello aseguró que “ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno”.
Sin embargo, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas contra Boluarte, concluyó que se hizo un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de los agentes de la policía.
Incluso, quien tomó la palabra fue el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, el cual señaló que “quienes incurran en conductas ilícitas durante el desarrollo de las protestas se harán responsables de sus actos conforme a ley”.
“Tengo una teoría, pienso que detrás de todo esto está el crimen organizado, la minería ilegal, el tráfico de drogas, el terrorismo”, aseguró el presidente del Partido Judicial y mencionó que detrás de la quema de las sedes del PJ se encontrarían personas que enfrentan procesos por graves delitos.
