El exgerente de recursos humanos de la empresa Molinos Río de La Plata, Emilio Parodi, fue detenido por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar de 1976.
El titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, fue quien ordenó el allanamiento y la aprehensión del empresario en su vivienda ubicada en la ciudad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López.
El operativo fue desarrollado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y además se alertó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) sobre la prohibición del detenido de salir del país.
La causa investiga el rol de Parodi en los secuestros, torturas y desapariciones de quienes trabajaban en su empresa. Se lo señala como responsable de la desaparición de 23 trabajadores de la planta ubicada en Avellaneda.
En este sentido, Kreplak indagó al empresario de 82 años, quien negó completamente saber o ser parte de lo que se lo acusa. Son los propios sobrevivientes y familiares de desaparecides quienes lo apuntan como entregador de las listas de las personas a secuestrar por el aparato represivo del Estado.
Este caso es uno de tantos en los que el empresariado quedó involucrado, tal como el de Carlos Pedro Blaquier, que estaba al frente de la azucarera Ledesma. Era acusado por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la denominada Noche del Apagón en 1976, pero murió impune el 13 de marzo de este año.
El origen de la causa
La causa que tiene como detenido al exgerente de la empresa Molinos, Emilio Parodi, inició en 2013 a raíz de la denuncia de hijes de trabajadores desaparecides en la planta de Avellaneda.
En este sentido, se investiga toda complicidad tanto de propietarios, directivos y gerentes de la empresa, perteneciente al conglomerado Bunge & Born. Se investigan secuestros, torturas y desaparición de trabajadores, principalmente sucedidos entre 1976 y 1978.
En torno al avance de la causa, la coordinadora de la Clínica Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y abogada de la causa, Lucía de la Vega, habló con la agencia de noticias Télam.
“Es un primer avance sustantivo donde se está involucrando al grupo Bunge & Born en términos de responsabilidad civil con la última dictadura militar”, indicó. También detalló que la responsabilidad que habría tenido Parodi radica en “el armado de listas”, donde marcaba a trabajadores para ser secuestrados por la dictadura militar.
Según la abogada, la mayoría de les desaparecides eran parte de una lista opositora en el gremio de Aceiteros, denominada “Lista Blanca”.
En 2015, la Unidad Fiscal impulsó la causa tras un análisis en conjunto con la actual Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, y corroborar que la documentación secuestrada arroja en los balances un posible interés económico en los empresarios detrás de los crímenes.
La fiscalía probó que Molinos Río de La Plata S.A “pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes”.
Y concluyó que los reclamos gremiales “finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa”, según el sitio oficial fiscales.gob.ar.
En tanto, de la Vega contó: “En 2019 pedimos la indagatoria de Parodi y de varios jefes. Fue bastante amplio”. A su vez, recordó que varios de los posibles imputados ya “están muertos”, pero que no descarta que el juez realice nuevos pedidos de indagatorias.