Jul 1, 2023 | Política

La policía de Morales volvió a reprimir manifestantes en Jujuy

El acto de violencia institucional se produjo en la madrugada de este sábado, durante una sesión especial del Concejo Deliberante de Humahuaca en la que se repudió la reforma de la Constitución jujeña.
captura de video TELAM
Los instantes de tensión en las calles de Humahuaca, durante una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante. Crédito: Télam.

Durante la madrugada de este sábado, el Concejo Deliberante de Humahuaca difundió una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución provincial de Jujuy, controversialmente aprobada el pasado 20 de junio en un marco de incidentes y una feroz represión policial.

La sesión de este fin de semana tuvo un final similar. Mientras se llevaba a cabo la reunión, pobladores locales se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones del recinto. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, efectivos de la Policía de Jujuy avanzaron sobre el grupo de personas y les reprimieron con balas de goma.

El acto de violencia institucional se produjo mientras les manifestantes leían la declaración legislativa que el Concejo Deliberante había aprobado minutos atrás. Este nuevo y repudiable hecho se suma a una larga lista de demostraciones de violencia de parte del gobierno de Gerardo Morales, en contexto con el lanzamiento de su precandidatura a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio.

Como resultado de la represión, las familias presentes denunciaron que hay entre tres y seis personas heridas con balas de goma en cuello, tórax y ojos, las cuales fueron intervenidas en el hospital de Humahuaca. Según informó La Izquierda Diario, aún no hay un número oficial de detenides.

1 Tomás Mendoza.
La gestión de Gerardo Morales continúa reprimiendo a les manifestantes y las familias jujeñas. Crédito: Tomás Mendoza.

Avasallar el derecho a la protesta

En un marco en el que el derecho a manifestarse fue puesto en tela de juicio por el oficialismo jujeño, el cuerpo de concejales de Humahuaca definió por unanimidad el “profundo rechazo” a la reforma de la Constitución, por el “tratamiento que le dieron los convencionales, en especial en cuanto al tiempo y la escasa participación” y el “texto aprobado”.

Por su parte, también mantuvieron su “solidaridad y acompañamiento al pueblo que se expresa abierta y muy mayoritariamente en contra de la reforma”, al mismo tiempo que pidieron “al Gobierno provincial a arbitrar los mecanismos de diálogo y participación adecuados para escuchar al pueblo debidamente”.

El mensaje, una vez más, fue desoído por las fuerzas de Morales. A la 1:30 del sábado, mientras se leía la declaración, la policía jujeña decidió avanzar sobre un grupo de manifestantes que se encontraban escuchando pacíficamente lo aprobado por el Concejo Deliberante minutos atrás, según informó la agencia de noticias Télam.

Asimismo, una trasmisión en vivo del portal Sol Del Norte Humahuaca logró captar el momento exacto en el que las fuerzas policiales dispararon balas de goma contra les vecines allí presentes.

La represión no está fuera de contexto, sino que se suma a una larga lista de demostraciones de fuerza, por las cuales la Secretaría de Derechos Humanos, presentó una denuncia penal contra la administración jujeña de Gerardo Morales.

Policía de Morales
Las medidas de fuerza ya llevan varias semanas. Crédito: Tomás Mendoza.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su titular Martín Soria, presentó en el día de ayer un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución provincial.

“Presentamos ante la CSJN una acción declarativa de inconstitucionalidad contra varios artículos incorporados por Morales en la Constitución de Jujuy”, declaró el ministro en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador nacional por Jujuy Guillermo Snopek, adjuntó ayer una propuesta en la Cámara Alta para intervenir federalmente el Poder Judicial jujeño para “garantizar la forma republicana de gobierno” y “evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.

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