Tras los hechos de represión policial, el Gobierno de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó una denuncia penal contra la administración jujeña de Gerardo Morales.
Esta acusación contra el gobierno provincial de Jujuy se acopla a la realizada por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes por intimidación policial y posibles apremios ilegales.
En tanto, el pueblo continúa con el rechazo a la reforma constitucional, mediante una huelga de hambre. La misma es encabezada por personas de las comunidades indígenas afectadas y organizaciones sociales.
Por su parte, la Comisión del Centro de Enseñanza Media y Superior (CeDEMS) decretó un paro para el día de hoy. El sindicato hizo públicas las intimaciones a una colega del Ministerio, para justificar por escrito sus declaraciones en relación a la reforma constitucional.
Debido a que la comisión interpretó el hecho como “un acto de persecución ideológica», convocaron a una Marcha de Antorchas de la Multisectorial, que tendrá lugar desde las 19hs.
Tras las últimas movilizaciones, docentes nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) mantienen la negociación paritaria por nuevos aumentos salariales. Cabe aclarar, que las conversaciones se dan en un contexto de paro por tiempo indeterminado.
La denuncia del Estado
La Secretaría de Derechos Humanos denunció de forma penal al gobierno provincial de Gerardo Morales por el accionar de su policía durante las protestas contra la reforma constitucional.
Según la publicación del sitio oficial del Estado, solicitaron la investigación de “numerosos hechos de violencia policial en las protestas”.
En sus visitas a Jujuy, el organismo recolectó denuncias de lo sucedido durante la represión contra les manifestantes. Estas declaraciones incluyeron “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la policía”.
Según detallan, las víctimas relataron “haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones” y “disparos de balas de goma en el rostro”. Además, señalaron que se produjeron “detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones”.
Asimismo, algunos de los testimonios hicieron mención a “vehículos sin identificación”, y policías infiltrados entre les manifestantes. Estos atropellos se suman a las denuncias por “el ingreso a viviendas particulares sin contar con una orden de allanamiento”.
En este sentido, el secretario del organismo Horacio Pietragalla Corti expresó: “Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que, más allá de las responsabilidades de los autores directos, dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”.
Pietragalla Corti, junto con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), recorrieron los lugares de las protestas, entrevistaron a les manifestantes y dialogaron con familiares de personas heridas.
De acuerdo con lo que se pudo constatar, “dos personas se encontraban en terapia intensiva y tres sufrían pérdida de visión”.
Los derechos de les niñes
La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes ampliará la denuncia por el accionar policial en escuelas. Allí, se utilizaron maniobras represivas contra estudiantes que se expresaban en torno a la reforma constitucional.
Sobre estos hechos, la titular de la Defensoría, Marisa Graham, dijo que existen “denuncias de policías entrando a las escuelas para intimidar a los chicos”. Y agregó que se registraron “allanamientos en las casas donde viven personas que fueron liberadas. Lo que nos incumbe aquí es que hay menores afectados».
Los hechos tuvieron lugar en la escuela técnica de Maimará y en otro establecimiento educativo de San Salvador de Jujuy.
En relación al presunto allanamiento en una vivienda, dijo que “en presencia de un nene de seis años llevaron presa a una chica de 17”, y que entienden que hubo “apremios ilegales”.
Como primera conclusión, y según la información recolectada por Télam, Graham acotó que «todos los procedimientos de este tipo se hacen a la luz del sol, esto fue en horas de la madrugada, lo cual ya significa una ilegalidad».
Por último, contaron que estas denuncias serán remitidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Huelga de hambre y repudio
Desde el día de ayer, integrantes de comunidades indígenas junto a organizaciones sociales de La Quiaca llevan adelante una huelga de hambre con el objetivo de ser escuchados por Morales.
La medida, pensada para visibilizar el repudio a la reforma constitucional, se suma al corte de la ruta nacional 9 que ya lleva 3 días restringiendo el acceso a la ciudad.
«Estamos hace más de quince días con nuestra postura y no la vamos a cambiar porque la reforma fue inconsulta”, manifestaron.
A su vez, reclamaron «en defensa de las tierras, el agua y otros recursos», por entender que “las modificaciones de la constitución atenta contra todo lo que protegemos».