lunes 22 de abril de 2024

Los medios de comunicación, una sede más del patriarcado

Tras la condena al Grupo Clarín por mostrar imágenes de Ángeles Rawson ya fallecida, se reabrió el debate acerca de la cobertura de crímenes contra las mujeres y de la importancia de una Ley Micaela en el ámbito mediático.
Ley Micaela y su aplicación necesaria en los medios
En 2012 en Argentina se aprobó la Ley 26.791 que incorpora al Código Penal la figura de femicidio. Crédito: Télam.

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la condena al Grupo Clarín, por mostrar imágenes del cuerpo sin vida de Ángeles Rawson, asesinada en 2013. Más allá de la condena, esto genera un planteamiento serio en la necesidad de la aplicación de la Ley Micaela en estos espacios de formación de opinión. Y sobre todo, para el tratamiento de los femicidios y las violencias contras las mujeres en los medios de comunicación.
En este sentido, la antropóloga y escritora Rita Segato aseguró que “en el caso de los femicidios y de las violaciones, también hay una deuda pendiente de los medios con la sociedad”. Para la activista feminista, “cuando se informa, se informa para atraer espectadores y por lo tanto se produce un espectáculo del crimen”

Ley Micaela y su aplicación necesaria en los medios
Ángeles fue asesinada el 10 de junio de 2013. Crédito: Quatro TV.

El caso de la Revista Muy

La semana pasada, la CSJN confirmó la sentencia contra Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), empresa editora del Grupo Clarín, por la publicación de imágenes del cuerpo sin vida de Ángeles Rawson. La condena implica una indemnización de dos millones de pesos. 

En aquella nota, las fotografías se presentaron como “exclusivas” y bajo el título de “Las fotos del horror”. Para los magistrados, las imágenes publicadas carecían de “interés noticioso” y se difundieron “sin reparos éticos ni morales”, en búsqueda del “sensacionalismo”.

La condena responde a una demanda por parte del padre de la joven, Franklin Rawson, quien había denunciado al períodico “Muy” por “daños y perjuicios”. También influyó que el periódico desconoció la prohibición de publicar fotografías que dictó el juez que investigaba el crimen.

En junio de 2013, la desaparición de la adolescente ocupó los titulares de los principales medios de comunicación. A las pocas horas, la noticia de su aparición sin vida en el predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) de José León Suárez, en el partido bonaerense de San Martín, causó la conmoción de la sociedad.

Ley Micaela y su aplicación necesaria en los medios
Jorge Mangeri, encargado del edificio en el que la joven vivía con su familia, fue condenado a prisión perpetua en un juicio llevado a cabo durante 2015. Crédito: Diario Digital Conclusión.

La violencia contra las víctimas en forma de violencia discursiva

En septiembre de 2014, Melina Romero estuvo desaparecida por casi un mes y apareció muerta, también a pocos metros del predio de la CEAMSE. Ante la noticia, el diario Clarín había publicado una nota bajo el título: “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria”.

“La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle o yendo a bailar”, se podía leer en el primer párrafo. Que no tuviese trato con su padre o que frecuentase los boliches no son datos para revelar el crimen sino para poner el peso de la culpa en la víctima.

Años más tarde, en el verano de 2019, una adolescente de 14 años fue violada en un camping de Miramar. Esa vez, el mismo diario culpabilizó a la víctima: “Botellas de fernet y alcohol por todos lados. Una carpa del horror. Descontrol. Una chica de 14 años que no debió estar allí, sino con sus padres”, escribieron.

Si bien el grupo Clarín ha sido repudiado en varias oportunidades, tanto por sus títulos como por sus imágenes, no son el único medio que culpa a las víctimas o busca el sensacionalismo. En la actualidad, más allá de que ya no se vean esos títulos o no se publiquen esas fotos la revictimización de las víctimas y la violencia a sus familias continúa.

Aún es común ver noticias de femicidios acompañadas de imágenes donde se ve a la mujer abrazada a su pareja, el asesino, mostrándolos juntos y enamorados a pesar de conocer el desenlace. Otras veces se eligen fotos de las redes sociales de la víctima y se habla de su crimen o de la sus denuncias no escuchadas con una imagen suya en bikini de fondo. Esto se extiende hasta la actualidad, donde las fotos de Cecilia Strzyzowski con su pareja, detenida por posible femicidio, circulan por las portadas de los medios de comunicación.

Al respecto, la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, recomendó “tener cuidado con las imágenes”. “Cuando una mujer desaparece, o incluso cuando resulta víctima de un femicidio, los medios echan mano a sus redes sociales y muestran imágenes que hacen a su vida privada. A lo mejor, hay alguna con una pose sexualizada y de esa forma se promueve la culpabilización”, sostuvo.

Ley Micaela y medios de comunicación

Si bien el Grupo Clarín ha sido repudiado en varias oportunidades, tanto por sus títulos como por sus imágenes, sus medios no son los únicos que culpan a las víctimas o buscan el sensacionalismo. 

En la actualidad, más allá de que ya no se vean esos títulos o no se publiquen esas fotos, la revictimización de las víctimas y la violencia a sus familias continúa.

Aún es común ver noticias de femicidios acompañadas de imágenes donde se ve a la mujer abrazada a su pareja, el asesino, mostrándose juntos y enamorados a pesar de conocer el desenlace. 

Otras veces se eligen fotos de las redes sociales de la víctima y se habla de su crimen o de sus denuncias no escuchadas con una imagen suya en bikini de fondo. Esto se extiende hasta la actualidad, donde las fotos de Cecilia Strzyzowski con su pareja, detenida por posible femicidio, circulan por las portadas de los medios de comunicación.

Al respecto, la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, recomendó “tener cuidado con las imágenes”; y sostuvo: “Cuando una mujer desaparece, o incluso cuando resulta víctima de un femicidio, los medios echan mano a sus redes sociales y muestran imágenes que hacen a su vida privada. A lo mejor, hay alguna con una pose sexualizada y de esa forma se promueve la culpabilización”.

Ley Micaela y su aplicación necesario en los medios 

El año pasado, la Iniciativa Spotlight llevó a cabo una encuesta sobre cobertura mediática de este tipo de crímenes, bajo el título “Femicidios en los medios y en la opinión pública”. Allí, la mayoría de las personas que participaron expresaron que lo que más recuerdan son los detalles de cómo se cometió el crimen, en consonancia con la tendencia sensacionalista de los medios.

Del mismo modo, al evaluar los contenidos de las noticias los resultados muestran que el 51% de ellas tratan a los femicidios como casos aislados, y que sólo en la mitad de las notas se presentan datos de contexto. A su vez, en el 33% se apela a la sensibilidad del público mediante detalles macabros o rasgos sensacionalistas.

En este sentido, y en busca de la perspectiva de género y derechos humanos, en 2019 fue promulgada la Ley Micaela. Esta norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En mayo de 2021, la Fundación Micaela García creó una mesa de trabajo para impulsar y replicar dicha ley en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como local. El proyecto, que no ha sido aprobado, tiene por objetivo la capacitación obligatoria de les propietaries y del personal jerárquico y no jerárquico de medios inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial.

Las organizaciones involucradas en la Ley Micaela, en conjunto con la comisión de género de la Red de Medios Digitales, plantean este debate hace años. El objetivo principal es lograr que los medios hegemónicos que reproducen discursos violentos, de odio, de discriminación, puedan dejar de hacerlo o deban rendir cuentas ante el Estado.

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