miércoles 29 de mayo de 2024

El trasfondo del conflicto jujeño: la extracción de litio y una reforma constitucional represiva

Tras la dura represión que viene recibiendo el pueblo de Jujuy por parte del gobierno de Gerardo Morales, Nota al Pie te cuenta cuáles son los intereses reales detrás de la normativa que se aprobó el pasado martes.
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Los pueblos originarios defienden las tierras ancestrales, que figuran como tierras fiscales para el gobierno jujeño. Crédito: BN Americas.

Desde hace varios días Jujuy se transformó en una provincia regida por las protestas y la violenta represión hacia organizaciones sociales, gremiales, y comunidades indígenas por expresar su disconformidad ante el proyecto de reforma constitucional. 

Pablo Jure, director del servicio de emergencias SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) en Jujuy, comentó que hay 170 personas heridas como producto de los enfrentamientos, de las cuales una es de gravedad. Asimismo, declaró que están siendo atendidas en los hospitales Pablo Soria y San Roque, el Centro de Especialidades Norte y en el puesto médico del SAME.

Se encuentran movilizadas distintas partes de la provincia. En total hay 20 cortes de rutas en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Susques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmamarca, donde el pasado sábado hubo represión contra comuneros indígenas.

A su vez, les activistas anunciaron un paro total de actividades para este miércoles y pidieron que la medida se de en todo el territorio nacional. Asimismo, por la situación, el Gobierno jujeño otorgó un asueto administrativo y escolar.  

La tierra y el litio, un recurso natural en disputa

En los últimos años el litio tuvo un crecimiento en su demanda a raíz de los diversos usos que tiene. Este mineral es central para la fabricación de baterías usadas en vehículos eléctricos y para el almacenamiento como energía renovable. Esto en pos de reducir el uso de combustibles fósiles. 

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Las reglamentaciones argentinas serían favorables para las empresas mineras extranjeras a diferencia de Chile y Bolivia, que tienen una mirada más nacional de la explotación del recurso. Crédito: El Sol de Mendoza.

Argentina tiene litio en grandes cantidades en la Puna. A su vez, es uno de los países que conforman el triángulo del litio junto a Bolivia y Chile. En estos países se concentraría el 60% del litio en el mundo.

No es reciente la búsqueda de explotación del mineral, ya en el 2009 dos empresas transnacionales se radicaron en Jujuy para su extracción. Estas actividades se dan en territorios ancestrales, el Salar Olaroz y Salinas Grandes, donde residen las comunidades Kollas y Atacamas

La noticia de los proyectos para la extracción de litio no fue tomada de la misma forma por las comunidades. Mientras las que están asentadas en Olaroz dieron su aprobación, las comunidades en Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoyoc, no aceptaron el proyecto de la minera South American Salars

En este contexto de propiedades ancestrales y la búsqueda de explotación del litio por parte de empresas privadas y extranjeras, radica uno de los puntos clave de la protesta de los pueblos originarios en Jujuy. 

Tras centenares de años la disputa es la misma: utilizan tierras para la explotación sin importar quienes las habitan. 

La norma del extractivismo

La reforma que impulsa el gobierno de Gerardo Morales cobra otro sentido cuando se enmarca en el negocio del litio. La nueva normativa implica una restricción en las manifestaciones, como lo es la prohibición de los cortes de ruta, y la ocupación de edificios públicos en situaciones de reclamos sociales y gremiales.

Sin embargo, también significa que el gobierno provincial va a tener el “dominio originario de los recursos naturales”. Y, a su vez, establece la “titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio”. 

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Gerardo Morales sostuvo que se van a reconsiderar los artículos que hablen sobre los recursos naturales y los derechos indígenas. Crédito: Política obrera.

Asimismo, se determina que la protección de los recursos naturales frente a cualquier injerencia de la Nación o de otras provincias. Por lo cual, no solo la norma pretende correr a los pueblos originarios de sus territorios, sino también hacer que permanezcan callados, sin posibilidad de protestar. 

Por otro lado, la reforma constitucional va en contra de los tratados de derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional. La misma plantea en su artículo 75 la preexistencia étnica y cultural de las comunidades de pueblos originarios, y el reconocimiento tanto de su personería jurídica, como de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

A su vez, la ley asegura la participación de los pueblos originarios en la gestión “referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.”

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