Quienes contratan el servicio de cable de las principales empresas proveedoras del país, saben de primera mano que la experiencia no es tan buena como la venden. Mucho menos que se condice el precio que se paga, con el servicio que se obtiene.
En este contexto, a mediados de abril, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires lanzó una encuesta para reclutar opiniones al respecto. El objetivo era conocer las experiencias, los inconvenientes y las respuestas que les consumidores obtienen por parte de las empresas ante las dificultades. En esta oportunidad, el cuestionario se realizó de forma online y participaron casi mil personas.
Al respecto, el titular del organismo, Guido Lorenzino, afirmó que “los reclamos por las deficiencias en el servicio de cable son una de las principales demandas que ingresan al organismo”. En esa línea, agregó que desde sus comienzos la Defensoría se preocupó por el comportamiento de las compañías.
Por esta razón, explicó: “Hemos pedido en reiteradas oportunidades que las telecomunicaciones sean consideradas servicios públicos esenciales para que las empresas mejoren la prestación”.
Según los resultados publicados esta semana, más del 70% de les usuaries está disconforme con el servicio de cable y lo calificó entre regular y muy malo. Mientras tanto, sólo un 2% cree que es bueno. Por otro lado, también hubo referencias en relación con los costos, en los que primaron las respuestas que lo consideran caro.
En detalle, un 75,5% manifestó no estar conforme con la calidad del servicio, de los cuales un 22,2% lo definió como “malo”, mientras un 14,7% lo señaló como “muy malo”. Por su parte, el 38,6% de les encuestades lo definió como “regular”. En tanto, un 22% lo ve como “bueno” y sólo un 2,4% cree que es “muy bueno”.
Los resultados
Con respecto a cuáles son los principales problemas del servicio, el 21,9% de les usuaries apuntó a los cortes de la señal y el 21,6% a la mala atención. En tanto, un 18,1% remarcó que los principales problemas tienen que ver con los errores en la facturación. Más atrás quedó la poca oferta de canales y la poca diversidad de contenidos, con el 12,8% en ambos casos. Por su parte, el mal servicio técnico obtuvo un 7,7% y la mala calidad de la imagen el 5,1%.
Al evaluar la calidad del servicio técnico, el 27% consideró que el principal inconveniente es la cantidad de tiempo que pasa desde que se lo pide hasta que acuden al domicilio. Asimismo, el 24% indicó que es difícil solicitarlo y el 23% indicó que generalmente no solucionan los problemas.
La Defensoría también indagó por la opinión sobre el precio del servicio. Al respecto, más del 93% -es decir, casi la totalidad de les encuestades- respondió que es caro. Además, el 97,2% sostuvo que faltan controles a las empresas de TV por cable para que el servicio sea mejor.
Entre las peores calificaciones de las empresas (entre malas y muy malas), Flow/Cablevisión aparece en primer lugar con el 37,7% de imagen negativa; seguida por Telecentro con el 34,1%; Telered con el 30,8%; DirectTV con 28,6% y Claro con un 16,7%.
Según informaron desde el organismo provincial, la encuesta es la primera de una serie de cuestionarios sobre diferentes servicios que también incluirán los de telefonía, internet, transporte público, entre otros.
La complicidad entre el Poder Judicial y las empresas
El desarrollo de la encuesta fue en paralelo al anuncio del Gobierno Nacional, que autorizó los aumentos mensuales en celulares, internet y cable. De esta manera, la factura de mayo alcanza un incremento del 4,5% que, además, será el porcentaje que se aplicará cada mes hasta diciembre de 2023. La disposición fue notificada a través de la Resolución 557/2023 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Cabe destacar que los aumentos son dispuestos luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara a favor de las empresas proveedoras del servicio, en 2022. En tanto, con la firma de los cuatro jueces, fue rechazado el pedido de anulación de la medida cautelar que les permite a las empresas de telecomunicaciones establecer los precios.
De esta manera, quedó sin efecto el decreto que declaraba a las tecnologías de información y comunicación (TIC) como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. La misma también planteaba que los valores de los servicios fueran regulados por el propio ENACOM.