Después de cuatro años de espera, los ex policías acusados de asesinar a cuatro adolescentes en la madrugada del 20 de mayo de 2019, en San Miguel del Monte, llegan a juicio. El proceso se llevará a cabo entre el 8 y 17 de mayo y los efectivos serán juzgados por un jurado popular.
Los policías están acusados de asesinar a Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22). Además, se los señala por provocar lesiones a la única sobreviviente, Rocío Quagliarello, quien en aquel momento tenía 14 años.
En este marco, Nota al Pie dialogó con la madre de Gonzalo, Susana Ríos. La misma expresó que espera que los acusados “sean condenados a cadena perpetua”. “Esperamos que tenga la pena máxima. Estoy muy esperanzada, tengo mucha confianza porque hay suficientes pruebas”, sostuvo.
Por otro lado, Ríos mencionó que se encuentra “eternamente agradecida a la sociedad”. “Salgo a la puerta de mi casa y todo el mundo me abraza y me da fuerza”, comentó y agregó: “Por eso podemos llevar adelante esta situación tan dolorosa”.
El juicio
El proceso judicial tendrá lugar en el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani. Allí, los acusados podrían ser condenados a prisión perpetua si el jurado popular, integrado por 12 ciudadanes, los encuentra culpables por unanimidad.
Respecto a su desarrollo, Susana contó que durante la primera jornada de audiencias declararán todes les familiares de les jóvenes. El próximo martes 9 de mayo a las 9:30, ella prestará declaración al igual que las madres y padres de las otras víctimas.
Los imputados son los ex integrantes de la Policía Bonaerense: Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez. Todos están acusados de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego”, y “violación de los deberes de funcionario público”.
Los cuatro se encuentran bajo prisión preventiva. Eduardo Silva Pelossi, quien está a cargo de la elevación a juicio oral, sostuvo en su escrito que se trató de “un lamentable suceso en el cual se investiga la comisión de graves delitos, presuntamente cometidos por el personal policial en el ejercicio de sus funciones”.
¿Qué sucedió el 20 de mayo de 2019?
Una noche de domingo, como cualquier otra, les adolescentes pidieron permiso a sus padres para ir un rato a la plaza con sus amigues. Sin embargo, durante la madrugada, cuando salieron a pasear a bordo de un Fiat Spazio 147 (conducido por Aníbal) fueron perseguidos a tiros sin motivo aparente por dos patrulleros.
Según la investigación judicial, dicha persecución fue realizada por los efectivos García, Monreal, Ecilape, e Ibáñez. Los dos primeros dispararon al vehículo con sus armas reglamentarias y una de esas balas hirió a Gonzalo. El terror que generaron los tiros provocó que el Fiat 147 chocara contra el acoplado de un camión que se encontraba estacionado.
Como consecuencia de los disparos y el accidente, Aníbal, Danilo, Gonzalo y Camila perdieron la vida. La única sobreviviente de la masacre fue Rocío, quién tuvo que ser trasladada y estuvo semanas internada por las diversas fracturas en su cuerpo.
Cabe mencionar que desde el momento en el que ocurrió el choque, comenzó un plan de encubrimiento donde estuvieron involucrados más de 23 agentes de la policía bonaerense. En total hubo 13 detenidos, 12 de ellos efectivos de la comisaría de la localidad y el secretario de seguridad Claudio Martínez.
Según la reconstrucción del fiscal Lisandro Damonte, dentro de la fuerza policial y de la intendencia de San Miguel del Monte se tejieron maniobras de encubrimiento con el fin de obstaculizar la investigación. Allí se falsificaron declaraciones testimoniales, ocultaron cámaras de seguridad y borraron documentación oficial.
La violencia policial como moneda corriente
“Yo no tengo nada en contra de la policía, pero estos ensuciaron el uniforme, además venían siendo muy corruptos”, aseguró Susana. Lo ocurrido en San Miguel del Monte puso al descubierto la violencia y el mal accionar de las fuerzas de seguridad.
Según el último informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), casi 9000 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983.
En 2022 bajó la cifra de fusilamientos al estilo gatillo fácil, pero aumentaron las muertes ocurridas en contextos de encierro. Otro de los datos indica que los asesinatos producidos por la Policía de la Ciudad están a la par de la Bonaerense. Cabe destacar que, uno de cada cinco femicidios, es cometido por medio de un arma reglamentaria.