
Este miércoles finalizó una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que investiga a miembros de la Corte Suprema. La comisión presidida por Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) evalúa presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales. Por ello, citó a cinco testigues, pero se registraron varias ausencias.
El deficitario funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) es una de las causas del juicio político. Alberto Andrés Sacchi, director de Informática de la Corte y testigo, declaró en primer lugar. “Yo eliminé el correo del Dr. Rosatti (presidente de la Corte Suprema) por pedido de él”, ratificó.
De este modo, reconoció que el máximo responsable del Tribunal Supremo ordenó borrar emails y envió la orden a través del secretario Silvio Robles. La supresión de información sucedió antes del inicio del juicio y está en línea con las declaraciones de Héctor Marchi, ex secretario general del máximo tribunal.
El ex miembro de la obra social remarcó las irregularidades de la OSPJN y expuso a Aldo Tonón, ex director de la cobertura médica. Sin embargo, no se presentó por tercera vez para no autoincriminarse, pero deberá hacerlo “por la fuerza pública” porque así lo solicitó la comisión.
Por último, declararon María Betina Bonucelli, funcionaria del tribunal y Valeria Díaz, damnificada por la obra social. Sebastián Clérici, secretario de la Corte y Nicolás Serafini, firmante de balances, se ausentaron por motivos personales.

El déficit de la obra social, un argumento para el Juicio Político
La comisión comenzó las investigaciones contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, titulares de la Corte Suprema. A través de la última declaración de Marchi hallaron serios problemas e irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Asimismo, les testigues refrendaron el funcionamiento deficitario de la cobertura médica del personal judicial. Sachi explicó que “había poco personal de Sistemas en la Obra Social”, aunque afirmó que “no me animaría a decir una cantidad, y menos aún, cómo estaba conformada el área”.
Por otra parte, Bonucelli acompañó esta mirada crítica hacia la OSPJN por informalidades y falta de presupuesto. “Detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica”, explicó en relación con la desatención que sufrió Díaz.
Valeria como una de las tantas personas damnificadas, confesó que “tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la obra social seguía rechazándome por diferentes motivos”. Por lo tanto, ambas declarantes apuntaron contra Tonón por sus ausencias permanentes en su puesto de trabajo y la falta de respuestas.
En consecuencia, Gaillard subrayó la ausencia de estado contable, bajo presupuesto y sistema informático vulnerable tras los argumentos esgrimidos por les testigues. La mala supervisión de los magistrados sobre el trabajo de Tanón es uno de los puntos centrales para avanzar con el Juicio Político a la Corte.

Marchi declaró en Comodoro Py
El ex secretario general compareció ante la comisión el pasado 25 de abril y brindó un importante testimonio. En este sentido, remarcó malos manejos financieros en la OSPJN. Además, señaló que sufrió amenazas y responsabilizó a Robles, secretario de Rosatti.
“La obra social en materia de gestión financiera para mí es un desastre”, argumentó el declarante. Además, apuntó contra Tonón y responsabilizó a Maqueda por su rol. “El doctor Maqueda no solamente supervisaba, sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban”, sentenció.
Ante las recientes declaraciones y las amenazas que recibió, compareció en Comodoro Py ante el juez federal, Ariel Lijo. Por esta razón, no se presentó ante la comisión y volverá a declarar en la próxima reunión. De hecho, Marchi solicitó que “se me incorpore como testigo a fin de poder ofrecer pruebas”.