El pasado martes, el Poder Judicial de Perú rechazó la apelación presentada por el ex presidente, Pedro Castillo, y la declaró infundada. De este modo, no se anulará la investigación en su contra por el fallido autogolpe y continuará vigente la prisión preventiva. En consecuencia, el juez supremo, César San Martín, ratificó la sentencia del magistrado Juan Carlos Checkley.
Ministerio Público logró que el PJ declare infundada la apelación de Pedro Castillo contra la resolución que rechaza la cuestión previa que pretendía anular el proceso judicial por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, alegando la inexistencia de antejuicio político. pic.twitter.com/jKUm8GmfQT
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 11, 2023
Por esta razón, el ex mandatario no logró interponer su recurso por ausencia de antejuicio al proceso político por el autogolpe del 7 de diciembre. Así, se revalidó la solicitud del Ministerio Público de Perú. Asimismo, este organismo elevó una denuncia constitucional hacia la ex ministra Betssy Chávez Chino, por negociación incompatible y contratación irregular de personal.
El proceso judicial por los presuntos delitos de rebelión y conspiración contra Pedro Castillo continuará su curso legal. Tras el nuevo rechazo, deberá permanecer al menos 18 meses en la cárcel. Por otra parte, avanza la demanda contra la ex ministra de Trabajo y Cultura y el pedido de prisión preventiva para ella y otros dos funcionarios.
Willy Huerta, ex ministro del Interior, y Roberto Sánchez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, fueron señalados como coautores del delito de rebelión y conspiración. El 6 de abril, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dio curso a la causa que investiga el comportamiento de les tres.
Los argumentos de la Justicia contra Pedro Castillo
El juez supremo, San Martín, determinó que el antejuicio político tuvo un argumento sólido para enjuiciar a Castillo por el intento de autogolpe. Según el magistrado, “la flagrancia delictiva y el riesgo de fuga inminente” fueron los elementos centrales para avanzar con la investigación. A su vez, ratificó la decisión del Órgano Legislativo.
“En el Congreso sí existió un expreso debate y una puntual votación, acuerdo y expedición de una resolución acusatoria de contenido penal”, confirmó el documento que revalidó esta anulación. Bajo este punto central, se rechazó el recurso presentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Así, el Poder Judicial de Perú expresó: “Resulta urgente e imperativo adoptar un acuerdo que permita la correcta administración de la justicia”. De esta manera, avanzó la investigación en su contra ante la disolución del Congreso y el dictamen de “estado de urgencia”.
Por último, el juez argumentó que “el inicial acto de rebelión y el subsiguiente intento frustrado de alejamiento de la justicia al buscar asilo en los Estados Unidos, demandaba una decisión rápida para autorizar el procesamiento penal”. Tras su salida, asumió Dina Boluarte y sucedieron diversas manifestaciones con una gran cantidad de fallecidos por la represión.
Denuncia constitucional contra Betssy Chávez Chino
En la misma línea de enjuiciamiento contra Castillo, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la ex ministra Chávez Chino. La acusación es por presunta autoría de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
🚨La Fiscalía de la Nación presentó la denuncia constitucional contra Betssy Chávez Chino -en su condición de ministra y congresista- como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. (1/2) pic.twitter.com/28ZAuWPqkv
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 10, 2023
También elevaron un pedido de prisión preventiva contra Huerta y Sánchez por su responsabilidad durante el gobierno del ex presidente. “Esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración”, sentenció el escrito judicial.
En consecuencia, el Poder Judicial aceptó avanzar con la investigación contra les involucrades y explicó que se extenderá al menos ocho meses. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó testimonios, documentos y reportes ante el Poder Legislativo.
Según la letrada, la implicada intervino en la contratación de personas vinculadas a su pareja, Abel Sotelo, en distintas funciones. Por esta razón, fue acusada por aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias. A su vez, permanece suspendida en su cargo como congresista desde el 22 de marzo.