miércoles 19 de junio de 2024

El rol de la SIDE y la AFI en el espionaje argentino

La eterna danza de nombres de espías expuso la preponderancia de los Servicios de Inteligencia en nuestro país. En Nota al Pie, repasamos esta oscura historia.
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En Argentina existe la Escuela Nacional de Inteligencia, dedicada a la formación de personal para el Sistema de Inteligencia Nacional. Crédito: argentina.gob.ar.

La historia de Argentina está empantanada por el rol de los Servicios de Inteligencia (SI) como parte del espionaje nacional. La creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 1946 marcó el inicio del trabajo de espías y su connivencia con les presidentes. Ahora bien, en 2015 la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reemplazó al sistema anterior, pero también con un trabajo central para el espionaje ilegal.

En Nota al Pie repasamos la historia de las instituciones. Asimismo, analizamos el vínculo entre la SIDE y la AFI con los gobiernos y su funcionamiento a lo largo de estos años. El primer organismo comenzó durante el gobierno de Juan Domingo Perón, pero tuvo un gran nexo con los golpes militares subsiguientes.

Por otra parte, Cristina Fernández de Kirchner decidió sustituirlo por la AFI para alejarlo de su connivencia con gobiernos de factos. Sin embargo, la intervención de Mauricio Macri trajo severas consecuencias por la realización de espionaje ilegal. 

La historia de la SIDE

A través del decreto N.º 337 sancionado en 1946 bajo la denominación “Coordinación de Informaciones del Estado”, inició este camino. El objetivo fue brindarle al gobierno un organismo civil de inteligencia. Sin embargo, todo cambió a partir de 1955 con el golpe de estado a Perón.

Las sucesivas dictaduras y el rol de las Fuerzas Armadas tuvieron un papel preponderante. De este modo, controlaron y se apropiaron de los SI. Más tarde, el decreto Nº. 776 dictaminó el inicio oficial de la Secretaría de Informaciones del Estado.

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Cristina Kirchner disolvió la SIDE, retiró el sistema de escuchas y lo transfirió a la Procuración General de la Nación en enero de 2015. Crédito: Télam.

En este contexto, comenzó el proceso de recolección de información y producción de tareas de inteligencia. Tras algunos años, Arturo Frondizi decidió transformar la secretaría y en 1961 la convirtió en un servicio central de información. Esto fue gracias al decreto N.º 2985.

Ahora bien, el cambio radical se produjo durante la última dictadura cívico-militar porque el SI quedó bajo el ala del ejército. De esta forma, funcionó como parte del plan de persecución y exterminio de los dictadores. A partir de ese entonces, se sancionaron algunas leyes centrales.

En 2001 se concretó la Ley N.º 25.520 de Inteligencia Nacional para regular su funcionamiento en todo el territorio argentino. No obstante, su trabajo todavía permaneció muy cuestionado por escuchas ilegales. En 2015, Cristina Kirchner impulsó un proyecto y el Congreso sancionó la Ley N.º 27.126 y la reemplazó por la AFI.

El vínculo del espionaje argentinos y los gobiernos nacionales

Los gobiernos controlados por los militares tuvieron los vínculos más repudiables con los Servicios de Inteligencia. La supervisión de estos sistemas impulsó una recolección de información peligrosa en mano de las Juntas Militares.

En consecuencia, la utilización de estas herramientas de espionaje fueron un elemento central para perpetuar su poder. La jefatura del Grupo de Tareas 5, supervisado por la SIDE, participó de los secuestros y desapariciones forzosas. Así, tuvo incidencia total en las torturas en centros de detención.

La falta de regulación durante los gobiernos democráticos también tuvo consecuencias notorias en el ejercicio de los SI. Los ejemplos de Ciro James, José Pérez, “Jaime Stiuso, Mónica Amoroso y Leandro Araque certificaron este punto.

El rol de Macri fue central en la administración de servicios dedicados al espionaje. El expresidente junto con el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, sellaron un nuevo acuerdo. El decreto N.º 656 derogó el “Régimen de Administración de la AFI”.

A través de esta medida, disminuyó el control sobre la agencia. Además, transformó al personal en miembros de inteligencia y entregó mayores facultades a su director. Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron parte del proceso.

La creación de la AFI

El objetivo del desarrollo de la AFI fue finalizar el oscuro período de la SIDE. Tras esta decisión, el Sistema de Observaciones Judiciales se trasladó al Ministerio Público Fiscal. La Ley N.º 27.126 determinó que la dirección quedaría en manos del Poder Ejecutivo (PJ).

Por esta razón, la conducción del SI quedó a cargo del presidente. Su función es la producción de inteligencia nacional y criminal vinculada a delitos federales de mayor complejidad. Sin embargo, el trabajo de la AFI registró severas fallas.

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A fines de 2022, el fiscal federal, Franco Picardi, imputó a Macri por armar un “plan sistemático” de espionaje ilegal. Crédito: AFP.

La Agencia Federal de Inteligencia atravesó dos hechos de espionaje ilegal. Por un lado, las escuchas a familiares de las 44 víctimas del ARA San Juan, que determinó el procesamiento de Macri. Por otro, la denominada “Gestapo”, una campaña de persecución a les principales líderes sindicales.

La intervención de la AFI

El actual presidente, Alberto Fernández, decidió la intervención de la AFI para realizar un relevamiento de antecedentes de la SIDE y recuperar archivos extraviados. En 2019 determinó a Cristina Caamaño como interventora de este organismo. Se desempeñó hasta 2022.

Durante su gestión, el mandatario firmó el decreto Nº. 2014 para modificar la Ley N.º 27.126. Así, la AFI ya no puede intervenir en investigaciones judiciales. En esta línea, Caamaño ratificó ante Página 12 que “necesitamos una ley que impida que se pueda volver al espionaje ilegal”.

Ahora bien, el 15 de febrero de este año, Fernández anunció a Ana Clara Alberdi como nueva titular de la Agencia, en reemplazo de Agustín Rossi. Tras estos años de trabajo, el presidente explicó que enviaría un proyecto de ley al Congreso para introducir modificaciones, pero aún no sucedió.

Según este escrito, se garantizaría la transparencia en gastos, auditorías regulares, control del PJ y desclasificación de documentos. Además, la imposibilidad de interferir en investigaciones judiciales y un consejo ministerial conformado por AFI, Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad.

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