El pasado martes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, no declaró ante el Ministerio Público porque la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, suspendió las sesiones. Según certificó la abogada y directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano, la mandataria asistió, pero no respondió preguntas. A su vez, el ministerio solicitó prisión preventiva para Pedro Castillo Terrones, ex presidente peruano.
Pese a que la cuenta oficial de la Presidencia de Perú y del Ministerio Público ratificaron que Boluarte compareció, esto no sucedió por tercera vez. La letrada y representante de las víctimas por las protestas, Cano, explicó ante el medio peruano Mayka que el proceso quedó suspendido momentáneamente.
La mandataria solicitó la autorización del Poder Judicial para emitir declaraciones sobre los cuestionamientos realizados por la parte perjudicada. “La Fiscalía tiene la posición de que la representación legal de las víctimas no tiene que estar en la declaración de la investigada (Dina Boluarte)”, sentenció Cano.
De este modo, la Procuraduría General del Estado elevó una tutela de derechos para incluirla dentro de la investigación. En consecuencia, un juez de garantías del Poder Judicial deberá tomar una decisión al respecto. Por ello, la abogada explicó que “si el juez decide que la Procuraduría participe, entonces también tendríamos el derecho a participar”.
El Ministerio Público protegió a Boluarte
Según Cano, “la Fiscalía sólo busca que estén presentes el abogado defensor y la Fiscalía (en la citación declaratoria)”. Por esta razón, la defensora de las víctimas remarcó que “si la Procuraduría nos niega el derecho a participar, nos estarían negando ese derecho a participar en sus declaraciones”.
En este sentido, el juez de garantías deberá resolver si Boluarte declara y a partir de su decisión, se reprogramará una nueva sesión. Ahora bien, la abogada explicó que el Código Penal apoya a les denunciantes cuando se impide la declaración de un implicade en la causa. Por ello, la presidenta debería comparecer ante el tribunal.
Según Cano, “la Fiscalía sólo busca que estén presentes el abogado defensor y la Fiscalía (en la citación declaratoria)”. Por esta razón, la defensora de las víctimas remarcó que “si la Procuraduría nos niega el derecho a participar, nos estarían negando ese derecho a participar en sus declaraciones”.
En este sentido, el juez de garantías deberá resolver si Boluarte declara y a partir de su decisión se reprogramará una nueva sesión. Ahora bien, la abogada explicó que el Código Penal apoya a les denunciantes cuando se impide la declaración de un implicade en la causa. Por ello, la presidenta debería comparecer ante el tribunal.
“La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los Estados tienen la obligación de que los agravados puedan estar presentes”, ratificó Cano. Y las víctimas tendrán el derecho a participar de la sesión, algo que no sucedió el martes.
A través de la cuenta de APRODEH, confirmaron que la mandataria no declaró y que, en un principio, se negó el ingreso a la letrada. “Nuestra abogada es impedida de ingresar a la sede de la Fiscalía de Perú, donde la presidenta Dina Boluarte se encuentra para dar su testimonio”, rezó el escrito.
Un juez evalúa prisión preventiva para Castillo
Mientras el Ministerio Público no tomó declaraciones a la líder peruana, solicitó una prisión preventiva de 36 meses para el presidente Castillo. Hoy, a partir de las 15 de Perú, el juez supremo, Juan Carlos Checkley, emitirá una decisión al respecto.
Así, anunciará si acepta o rechaza el pedido emitido en contra del entonces mandatario. La fiscalía lo señaló por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Asimismo, el juez deberá dar un veredicto sobre Juan Silva Villegas, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y Geiner Alvarado López, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Benavides ratificó las pesquisas en contra de los ex funcionarios y, luego, el Ministerio Público emitió esta solicitud de una nueva prisión preventiva. A través de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, exigió los 36 meses. El ex mandatario aún permanece encarcelado tras la aplicación de una primera preventiva de 18 meses.
Previamente, la suprema adjunta, Galinka Meza, ratificó la prognosis de la pena a 32 años de prisión para Castillo. Además, el Ministerio Público afirmó que Alvarado López podría recibir 17 años y 8 meses de cárcel y Villegas 24 años y 8 meses.