En el marco de la represión a masivas manifestaciones en Perú, la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió a Dina Boluarte, presidenta peruana. Por esta razón, la Oficina del Alto Comisionado sobre DD. HH ratificó un plazo de 60 días para presentar información del accionar de fuerzas policiales. Asimismo, en las últimas horas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó que dará una respuesta a la solicitud.
La llegada de la actual mandataria implicó sistemáticas represiones en todo el país con un saldo de 60 fallecides desde el 7 de diciembre. Por este motivo, la ONU emitió un comunicado que expone posibles violaciones de derechos humanos y presuntas aprehensiones ilegales. De la misma manera, informó desapariciones forzosas y violación del debido proceso.
En consecuencia, Naciones Unidas le indicó al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquihuara, elevar el escrito. De esta forma, la canciller, Ana Gervasi, deberá recibir el comunicado firmado por siete relatores del organismo. El objetivo será que el Gobierno de Perú brinde una respuesta ante las denuncias.
De este modo, el documento elaborado el pasado 24 de febrero advirtió a la presidenta por la respuesta policial ante las manifestaciones. «Quisiéramos instar al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas”, rezó el comunicado.
Una violenta represión
La Defensoría del Pueblo de Perú informó al menos 1.300 herides y más de 840 personas detenidas en medio de un estado de emergencia. Este decreto nacional implicó la militarización de varias zonas del país y la suspensión de garantías constitucionales.
Además, la información reportada a la ONU mencionó posibles ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y denuncias por torturas. La destitución del ex presidente, Pedro Castillo, significó un estallido a nivel nacional. Su detención y el retraso en el adelantamiento de las elecciones recrudeció la situación.
En este contexto, la violencia institucional incrementó esta fuerte crisis social. Y Naciones Unidas informó detenciones de campesines e indígenas y falta de prestación médica frente a la represión. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional protagonizaron disturbios con emisión de gases lacrimógenos.
Por esta razón, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su fuerte preocupación ante este escenario. “Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica”, certificó el escrito.
Dina Boluarte en la mira
El Alto Comisionado de ONU detalló una serie de hechos violentos en distintas regiones de Perú. En particular, refirió al allanamiento de la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En consecuencia, apuntó contra la gestión de Dina Boluarte y sus decisiones institucionales.
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De esta forma, la organización responsabilizó al Estado por la falta de respuestas concretas ante las recientes denuncias. “Deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales en la vigilancia de las protestas”, concluyó.
En esta línea, Amnistía Internacional (AI) emitió un documento que también dio cuenta del uso “ilegítimo de armas letales”. Por ello, la ONU solicitó respuestas a siete interrogantes. Informaciones y averiguaciones sobre la represión, detenciones, persecuciones y asesinatos son los temas principales del requerimiento.
