El pasado miércoles, una nueva ola de calor golpeó a gran parte del país. Y en medio de ese clima agobiante, pasadas las 16 horas de aquella jornada, se produjo un masivo corte de luz que afectó al 40% de les usuaries a nivel nacional. En cuestión de minutos, la demanda de electricidad se derrumbó a un 44%, yendo de los 26.500 a 15.000 WT, dejando a más de 6 millones de hogares sin luz.
Después del hecho, las autoridades informaron que la causa de la falla eléctrica fue la caída de tres líneas de transmisión que unen las ciudades bonaerenses de Campana y General Rodríguez, provocada por un incendio de pastizales. Dicho daño generó una reacción en cadena que afectó al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Pese a producirse el hecho por un detalle circunstancial, durante estos días se puso foco en los gobiernos de la última década, quienes fueron cuestionados por el abandono y la falta de inversión estatal en el sistema eléctrico. Algo que, año tras año, queda expuesto por la incapacidad de abastecer energía eficientemente en épocas de temperaturas extremas.
Mientras la oposición señala a la gestión de Alberto Fernández por no revertir la situación estructural de deterioro del sector, el oficialismo busca poner el foco en la responsabilidad detrás del incendio. Lo cierto es que, desde el año 2013 los gobiernos de distintas identificaciones partidarias dejaron de invertir recursos para mejorar la capacidad de transporte de energía.
Las inversiones necesarias
A partir de su privatización en la década de 1990, el sistema eléctrico se dividió en tres tramos: la generación, a partir de usinas térmicas e hidroeléctricas; la transmisión, a través de administradores del cableado de alta tensión y las distribuidoras por región, que le venden la energía eléctrica a les usuaries.
Según los datos de la evolución de la capacidad de transmisión de electricidad, desde 1992 hasta 2013 la capacidad se amplió en un 99%. No obstante, desde entonces hasta la actualidad, éste número sólo aumentó un 5%, lo que demuestra la falta de inversión de los gobiernos de ese periodo.
Durante la última década, para cubrir este déficit de transmisión, la capacidad acumulada de transformación fue ampliada en un 16%. Esto se tradujo en la instalación de estaciones transformadoras que permiten elevar los flujos de energía sobre las líneas de transporte ya existentes.
El problema, según Econo Journal, es que cuando las líneas de tensión se desenganchan, la capacidad de transformación no sirve para normalizar el servicio.
Durante los últimos dos años de la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, no hubo inversiones significativas para mejorar la capacidad de transmisión. Lo mismo ocurrió bajo el mando de Mauricio Macri. En tanto, el gobierno de Alberto Fernández realizó algunas inversiones, pero insuficientes para revertir la situación.
El último apagón masivo se debió a la falla en los sistemas de transmisión, más no fueron registradas fallas en las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, que debieron salir de servicio de forma preventiva. Pero en algunos casos, las deficiencias en el abastecimiento de electricidad se dan en consecuencia por la falta de inversión de las empresas distribuidoras.
En este sentido, el gobierno pretende instar a las compañías a invertir en mejoras a través de operaciones que terminan significando un aumento en la tarifa final de les consumidores. En el caso del transporte eléctrico, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó el aumento de su tarifa con la finalidad de que las empresas a cargo reviertan el deterioro de la red.
Los tarifazos y el aumento de las ganancias
El ministerio de Economía acordó condonar la deuda millonaria de las distribuidoras Edenor y Edesur con CAMMESA, generada por el pago de los precios internacionales de generación y los préstamos otorgados entre empresas administradas por los mismos dueños.
Al respecto, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, comentó a Nota al Pie que les usuaries pagan “una energía mucho más cara con un servicio muy malo».
“Edesur, Edenor y todas las empresas distribuidoras han comprado el servicio a valores de garantía de ganancia, con subsidio del Estado y socialización de deudas por la Ley de Gas y la Ley de Energía; entonces las obras las hace el Estado y ellos no invierten”, agregó el titular.
Luego de que su deuda fuera refinanciada, ahora Edenor y Edesur reclaman un aumento en las tarifas, para cubrir los costos del Valor Agregado de Distribución (VAD) y ampliar sus márgenes de ganancias.