Luego de una larga inactividad, la Cámara de Diputados retomará el lunes 23 su actividad legislativa con el tratamiento de más de veinte temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias. El objetivo del oficialismo es avanzar en varios proyectos claves antes del 1 de marzo pero la oposición rechaza el tratamiento del juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
El trabajo parlamentario se reanudará a partir de la puesta en marcha de comisiones. A propósito, el oficialismo pretende avanzar con la de Juicio Político el miércoles 25 o jueves 26, al término de la Cumbre de la Celac que se desarrollará en Buenos Aires a comienzos de semana. Según el plan del Frente de Todos, la idea es realizar, al menos, dos reuniones por semana entre lo que resta de enero y el inicio de la Asamblea Legislativa de 2023.
Hasta que inicie el 141º Período de Sesiones Ordinarias del Congreso la tarea del oficialismo será la búsqueda de consensos para tratar el temario de extraordinarias. Al margen de los asuntos relacionados a la Justicia, prevalece la agenda económica impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Extenso temario
El temario construido por el Poder Ejecutivo incluye 27 proyectos de ley. Entre ellos, algunos asuntos referidos a la ciencia y la tecnología, la seguridad vial y la salud. En el rubro económico destacan cuatro: la nueva moratoria previsional; el blanqueo de capitales externos; la promoción del desarrollo agroindustrial; y la promoción de nuevas energías. En lo educativo, la creación de nuevas universidades. Pero la apuesta fundamental ronda en la ampliación de miembros de la CSJN y la solicitud de Juicio Político a sus propios integrantes.
El Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional busca extender la condición jubilatoria a miles de trabajadores que han desarrollado tareas en situación de informalidad. Por otro lado, el de Exteriorización del Ahorro Argentino se propone acompañar el acuerdo IGA 1 suscripto en noviembre con Estados Unidos que apunta a blanquear los capitales de evasores con bajas alícuotas. Por otro lado, el de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador y el de Promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético buscan fortalecer a dos sectores con capacidad de exportación.
Finalmente, se presentará la modificación del artículo 21 del Decreto Ley Nº1258/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con media sanción en el Senado, el proyecto pretende ampliar a 15 los miembros de la Corte, un espacio que el oficialismo considera adverso a sus planes. A su vez, se enviarán las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proyecto elaborado por el presidente que cuenta con el respaldo de varios gobernadores y busca remover a los integrantes del espacio.
Proyectos entre algodones
Además de la cantidad, variedad y conflictividad que suponen los temas propuestos, al oficialismo se le presenta un panorama complicado en el ámbito legislativo. El franco retroceso parlamentario que sufrió el Frente de Todos en 2021 lo obligó a desarrollar consensos con los espacios opositores, factor que no supo resolver favorablemente el año pasado. De hecho, en la Cámara Alta fracasaron las últimas tres convocatorias realizadas por el oficialismo por falta de acuerdo con la oposición.
De todos modos, luego de un fin de año parlamentario signado por altos grados de enfrentamiento entre las principales coaliciones, han avanzado diálogos informales entre ambos frentes aunque aún no se definió una agenda de proyectos. En un principio, Juntos por el Cambio se niega a tratar la agenda judicial ya que lo consideran “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del gobierno. En cambio, desde el Frente de Todos sostienen que “la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento”.
El oficialista Eduardo Valdés remarcó que en la oposición “hay una incongruencia” porque aceptaron participar en la Comisión de Juicio Político pero que no lo harán para el resto de los temas porque el juicio lo lleva adelante el gobierno. “Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte”, disparó el diputado porteño. Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, planteó que “se estaría imponiendo una lógica dura en temas institucionales y eso impedirá que se logren consensos en algunos temas que impulsa el Ministerio de economía”. Su espacio cuenta con 8 legisladores, un número clave para que el oficialismo se acerque al quórum necesario.