Bolivia atraviesa un reclamo en el departamento de Santa Cruz que, este 8 de noviembre, cumple 18 días activos. A dos años de su llegada al poder, el presidente Luis Arce, afronta un importante paro ante el retraso del censo. Luis Fernando Camacho, ultraderechista y referente del Comité Cívico de Santa Cruz, exige censar en 2023. Sin embargo, el oficialismo propone hacerlo en 2024.
La demora en la realización del conteo aceleró la crisis política en la nación. El Movimiento al Socialismo (MAS) vive un quiebre, debido a que se postergó el empadronamiento y hay pérdidas económicas por 570 millones de dólares. Sus opositores solicitaron un Censo de Población y Vivienda para el próximo año, pero el oficialismo desplazó los padrones para mayo o junio de 2024.
A través del Decreto Supremo 4760 establecieron un retraso. En consecuencia, la lejanía al último realizado en 2012, las demoras y el impacto sobre la distribución económica en el país desencadenaron el caos. La respuesta de Camacho fue un paro, marchas y huelgas. El enfrentamiento ya causó una muerte; Pablo Taborga de Puerto Quijarro falleció en medio de las protestas.
Según la viceministra de Comunicación hasta el pasado lunes, Gabriela Alarcón, el conflicto produjo una pérdida de más de 500 millones. Por este motivo, Arce apuntó a la derecha y la responsabilizó por la desestabilización. “La vieja derecha golpista sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país”, ratificó en una concentración de organizaciones sociales el pasado 6 de noviembre.
Censo 2023, el punto de discordia
El último relevamiento se realizó en 2012 y el siguiente estaba pautado diez años más tarde, pero no sucedió así. La gestión de Arce desplazó el censo al 2024 por problemas técnicos y operativos en el empadronamiento. Ante esta situación, la oposición inició un paro el pasado 22 de octubre para exigir en forma innegociable su adelantamiento.
“Los dirigentes cívicos de 8 departamentos exhortamos al presidente del Estado y su Gabinete para que en el plazo de 72 horas asuman acciones”, anticipó el comunicado emitido. De esta forma, señalaron que “debe abrogarse el Decreto Supremo 4760, realizar el Censo en 2023 y levantar de inmediato el cerco a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.
A su vez, remarcaron que “debe haber una mesa de diálogo en condiciones de respeto, garantía y pacificación” y “suspender la represión política y persecución judicial”. El censo desató una serie de conflictos complejos y una fuerte tensión social en Bolivia. Según Camacho, el Gobierno no entregó información suficiente para el empadronamiento y esto retrasó el censo.
El rol de Luis Fernando Camacho en Bolivia
Tras su llegada a la gobernación de Santa Cruz en mayo de 2021, se convirtió en el principal opositor de Arce. Su creciente figura tomó mayor protagonismo ante el inicio de la huelga que erosionó al país tras el retraso del censo. Su reclamo comenzó ante el pedido de realizar el relevamiento el próximo año.
Desde el Gobierno de Santa Cruz explicaron que su crecimiento no está acompañado por un nuevo conteo y esto impactará en forma directa. La demora de este registro afectará a la distribución de los fondos públicos. Sin embargo, Arce remarcó que este no es el origen de la protesta.
“Ante estas acciones desestabilizadoras, provocadoras, intentonas golpistas, el Gobierno nacional responde con obras”, aseveró el mandatario. También recibió el apoyo del Centro de Residentes Paceños en Santa Cruz. Además, el presidente presentó una nueva propuesta de censo para resolver el conflicto.
No obstante, les representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, explicaron que tardarán unos cinco días más en diseñarla. Ante este ofrecimiento, la derecha permanece inamovible y exige el relevamiento para el 2023.