Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, casi por unanimidad, el proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares; sancionada en 2018. De esta forma, se prorroga por un total de diez años la suspensión de los desalojos.
La iniciativa contó con 227 votos a favor; 2 en contra (Francisco Sánchez, PRO; y Carolina Píparo, Avanza Libertad); y 3 abstenciones (Gustavo Hein; Marilú Quiroz y Carlos Zapata).
La urbanización de los barrios
El objetivo de esta ley es urbanizar los barrios populares y asegurar “la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura; el acceso a los servicios; el tratamiento de los espacios libres y públicos”. A su vez, busca la eliminación de las barreras urbanas.
Otro de los propósitos de esta propuesta es conseguir un “fortalecimiento de las actividades económicas familiares; el redimensionamiento parcelario; la seguridad en la tenencia; y la regularización dominial”.
Por otra parte, esta legislación declara una condición de emergencia socioambiental en los barrios populares. De esta forma, lo que se busca es que se agilicen los procesos administrativos para que las obras de urbanización y mejora de infraestructura en los servicios públicos tengan una mayor prioridad.
Esta propuesta lo que hace es ampliar el alcance de la Ley 27.453, que implementa la integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Al momento en que fue sancionada, en el año 2018, registraban 4.416 asentamientos populares. Con estas modificaciones el número aumenta a 5.687 barrios.
El debate en Diputados
“Estamos hablando de una política pública que pueda desarrollarse a largo plazo; y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares”, remarcó Lucas Godoy (Frente de Todos) en la apertura del debate en el recinto de Diputados.
Asimismo, sumó que esta modificación no solo representa una ampliación de 1.176 barrios populares; sino que además prorroga la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años; y que declara “la emergencia socio-sanitaria y ambiental por dos años; e incorpora la perspectiva de género”.
Por otro lado, les diputades de Juntos por el Cambio, y los demás bloques opositores, sostuvieron que esta ley es una “política de Estado”. Silvia Lospennato (PRO), opinó que esta legislación surge “durante el gobierno de Mauricio Macri; y se mejoró y continuó durante el gobierno de Alberto Fernández”.
Al mismo tiempo, subrayó que es “importante reconocernos todos parte de esta política”. No obstante, el diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, respondió: “Sin la calle ni la movilización popular esta ley no habría nacido”.
Garantizar los derechos
“Pocos conocen el sacrificio que se lleva adelante cuando uno queda despojado absolutamente de todo”, declaró Federico Fagioli, diputado de Patria Grande, al momento de tomar la palabra. Además, contó: “En el 2014 me vi en la obligación de irme con mi familia a un terreno a construir mi vivienda”.
Ante esto, dejó en claro que “la integración sociourbana no es solamente tener luz; agua y cloacas”; sino que también abarca la discusión de la forma en que les habitantes quieren que se desarrolle su barrio. Por lo tanto, para eso es fundamental tener “una planificación a largo plazo”.
Natalia Zaracho, diputada del Frente de Todos-Patria Grande, fue la encargada de cerrar el debate en la Cámara de Diputados. Consideró que, si bien en el 2018 consiguieron que se suspendan los desalojos, también lograron “algo muy importante que son los certificados de vivienda”. “Hoy traje el mío, que me llena de orgullo”, agregó.
Por último, confesó que, cuando asumió su cargo, muchos dieron por hecho que se iba a ir de Fiorito; pero respondió: “La verdad es que no me quiero ir”. Su deseo es que todos sus “vecinos y vecinas tengan los derechos garantizados”, finalizó entre los aplausos de la mayoría de todo el recinto.