Las personas travesti/trans mayores de 35 años tendrán acceso a pensiones no contributivas en Santa Fe, a partir de la modificación de la Ley 5110. La ampliación de la norma busca ampliar a les beneficiaries de la pensión. La medida, que también se extiende a mujeres víctimas de violencia de género, fue confirmada por la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad santafesina, Nerea Tacari.
El Senado provincial aprobó la modificación de la ley en la última sesión realizada en dicha provincia. El proyecto propuesto por los senadores Alcides Calvo y Rodrigo Borla, ya había tenido media sanción en septiembre. Según fuentes legislativas, aún debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia.
La ampliación de la norma consta de incluir a las personas travesti/trans mayores de 35 años de forma permanente; y, por el transcurso de un año, a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Al respecto, Tacari manifestó: “Celebramos la sanción de este proyecto que viene a reconocer y reparar esta demanda histórica”.
Además, la funcionaria explicó que esta modificación atiende a las nuevas demandas de este siglo en materia de derechos. Agregó que “la ley ha sido modificada para que en su redacción tenga perspectiva de género y de derechos humanos, eliminándose expresiones que ya no están acordes al mundo contemporáneo”.
La lucha de las personas travesti/trans
Tacari remarcó la importancia de recordar la situación de vulnerabilidad en la que muchas personas travesti/trans vivieron y viven. Integrantes de ese colectivo tienen una expectativa de vida entre 35 y 40 años. Asimismo, en relación a las mujeres víctimas de violencia de género, sostuvo que “la pensión por un tiempo determinado le va a permitir tener un ingreso monetario”. Para la funcionaria, de ese modo no habría una dependencia económica que sostenga el vínculo violento.
Por otro lado, el director de la Caja de Pensiones Sociales, José Luis Rosetto, comentó que la ley de pensiones no contributivas de Santa Fe es de 1942. Es por ello que una adecuación y una ampliación eran necesarias de acuerdo a los distintos escenarios sociales de la actualidad.
Además, fuentes parlamentarias afirmaron que la modificación de la ley otorga el acceso de una pensión provincial a víctimas de delitos que padezcan incapacidad parcial o total para trabajar, mayores de 60 años que sufren una invalidez del 66% y jóvenes con discapacidad de entre 18 y 25 años.