El domingo 4 de septiembre de 2022, fue un día histórico; en el que el Estado argentino de la mano de la conducción política de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, de hecho, anuló el cobro de las retenciones a las exportaciones de soja.
Muy atrás quedó la primera década de este siglo, cuando los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández le sostuvieron e incrementaron los impuestos a las exportaciones, a un complejo sojero cuya producción y exportaciones trepaban exponencialmente de la mano del crecimiento de la demanda en el mercado mundial; principalmente empujada por la irrupción del desarrollo de China.
Como nunca había sucedido desde mediados del siglo pasado, en una coyuntura favorable para las exportaciones de productos agropecuarios argentinos, los mayores ingresos externos, en esos años, no fueron sólo capitalizados por las minorías tradicionales, sino también pudieron ser aprovechados para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, especialmente las de aquellos sectores más empobrecidos y postergados desde la dictadura hasta el final de los noventa.
Las llamadas retenciones a las exportaciones fueron una de las herramientas más importantes. Mediante las que el Estado pudo generar una fuerte traslación de ingresos desde los poderosos señores del campo y las empresas multinacionales, hacia el conjunto de la sociedad. Y no por casualidad, fueron y son siempre cuestionadas y atacadas, por estos sectores que se sienten dueños absolutos del país y de nuestros recursos naturales.
El Estado argentino debió mantener más de una pelea para sostener este instrumento, indispensable para cumplir con su rol de protección hacia los más débiles.
De alguna de esas batallas salieron consecuencias positivas, porque las retenciones se mantuvieron y/o se incrementaron; en otras los resultados fueron negativos, porque no pudieron ser justamente aumentadas en proporción al crecimiento de las ganancias de los exportadores. Pero igual, aunque tuvieron sus vaivenes –por ejemplo, Macri las redujo fuertemente- siempre se sostuvieron como una importante fuente de recaudación del Estado.
«Para que el productor lo entienda claramente, con este régimen especial, que funciona sólo por el mes de septiembre, la cuenta al final le va a dar que recibe una retribución equivalente a tener retenciones cero, respecto del precio del dólar en el mercado libre de cambios» dijo el Ministro para que no quepan dudas, no sólo sobre las consecuencias concretas de la medida que anunció, sino también –y no menos importante- el carácter simbólico del enunciado para nombrar su medida: “retenciones cero.”
¿Retenciones cero sólo por el mes de septiembre? Los exportadores que pusieron de rodillas al Gobierno reteniendo en sus silobolsas millones de toneladas de soja durante meses hasta conseguir lo que buscaban, en el futuro: ¿Van a continuar vendiendo con el dólar a valor a oficial, o van a pasar a reclamar una devaluación lisa y llana?
Inflación sin techo para los más pobres
Según el relevamiento mensual de precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en 900 comercios de cercanía en los barrios populares del conurbano bonaerense, en diciembre del 2021 una familia de dos adultos/as y dos hijos/as necesitó para adquirir sus alimentos indispensables para un mes, $31.849,95. En agosto pasado, ocho meses después, requirió $52.346,15, o sea un 64% más.
La misma familia en diciembre 2021 necesitaba $ 75.165,88 para solventar estos alimentos más otros gastos indispensables como salud, educación, vestimentas, transporte, tarifas, mantenimiento del hogar, etc., (es decir, para cubrir la Canasta Básica Total -CBT); en agosto 2022, precisó para cubrir iguales gastos $ 117.778,83, o sea un 57% más que ocho meses atrás.
En lo que va de este año del 2022 los precios del rubro verduras y frutas aumentaron más del 90%, los productos de almacén subieron 72% y las carnes se incrementaron cerca del 44%.
Los aumentos otorgados por el Gobierno para las Asignaciones Sociales, Jubilaciones y Pensiones y salarios de los empleados estatales, en ningún momento logran detener la sangría al poder adquisitivo que produce el incremento constante de los precios.
Urge dar el primer paso indispensable, y que venimos reclamando desde hace más de un año desde el ISEPCI: CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y TARIFAS, ¡YA!
En estos días llevamos adelante en todo el país, en el marco de la ley de iniciativa popular, una campaña para juntar un millón de firmas con el objetivo de reclamar que el Parlamento sancione una Ley de Congelamiento de Precios y Tarifas por un plazo mínimo de un año.