Este viernes la Fiscalía de España presentó un escrito de acusación contra la cantante Shakira. En el mismo se solicita una pena de ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía imputa a la estrella del pop el cargo de eludir entre el periodo de 2012 y 2014 la suma de 14.5 millones en valor tributario. Aseguran que la cantante, quien registra domicilio en las Bahamas, eludió el pago de impuestos en esos años cuando efectivamente residía en territorio español.
Su base de acusación se centra en que esos años reclamados son coincidentes con el inicio de su relación con el jugador Gerad Pique. El ahora capitán del FC Barcelona ya vivía en la ciudad catalana tras su paso por Manchester.
Asimismo, el requisito que la ley española determina para que alguien sea considerado residente fiscal, consiste en pasar 183 días o más en el país. Hecho que, según la fiscalía, ocurrió con la cantante.
La investigación afirmaba conjuntamente que Shakira gestionó en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
La disputa con Hacienda se inició en 2017, cuando una investigación por el consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denominado “papeles de paraíso” sacaba a la luz evidencia del “entramado societario” como lo denominó la Fiscalía, del cual era parte la cantante.
Shakira vivía en España desde al menos el ejercicio fiscal de 2012, poco después de hacer pública su relación con Piqué. Pero conservó hasta 2015 su domicilio fiscal en las islas Bahamas. La cantante colombiana residía en Barcelona junto a su entonces marido y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal.
Shakira se mantiene firme en su inocencia
La cantante afirma que siempre ha mostrado “plena disposición de solventar cualquier diferencia” con Hacienda. Y que pagó inmediatamente, aun antes de saber cuál de las partes tenía razón, los 17,2 millones (los 14 millones sumado a un extra por mora) que le reclamaba la Agencia Tributaria para cubrir su responsabilidad en caso de condena.
La cantante aseguró a través de un comunicado que optó por «dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la Justicia le dará la razón». En el mismo asegura también haber rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que confía «plenamente» en su inocencia.
Por otro lado, los abogados defensores de la artista cercioran que hasta 2014 la mayor parte de sus ingresos procedían de sus giras internacionales. Y que hasta ese año no permaneció más de seis meses anuales en España, el periodo necesario para considerarlo como su residencia fiscal.
Una pena de 8 años de cárcel
La Fiscalía acusa a Shakira de haberse servido de un «entramado societario» creado años antes para no tributar en España. En caso de ser declarada culpable de evadir el fisco, la cantante podría ingresar a prisión. Esto es porque la condena supera los dos años que le permiten esquivar la cárcel.
El Ministerio Público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio. Además, se le exige el pago de una multa que hoy asciende a unos €24 millones.
El ministerio público imputa a Shakira seis delitos contra el fisco español con dos agravantes: uno, por la elevada cuantía de la defraudación y el otro, por la “utilización de personas jurídicas interpuestas”, haciendo referencia a las sociedades en paraísos fiscales que le permitieron encubrir sus ingresos a hacienda.
La fiscalía, sin embargo, considera también una circunstancia atenuante que ha permitido rebajar las penas de prisión. Esta es la reparación del daño, ya que la artista colombiana puso a disposición del juzgado 17,2 millones para hacer frente a eventuales responsabilidades.