Desde la mañana de este miércoles 6 de julio, el Gobierno de Gerardo Morales, bajo la figura de “Extorsión y asociación ilícita”, realizó allanamientos a diferentes organizaciones y movimientos sociales de la provincia de Jujuy.
Además, para las próximas horas están previstos cerca de 16 allanamientos por parte de la justicia, muchos de los cuales se extenderán a los días venideros.
La fuerza pública intervino en locales y viviendas de militantes de organizaciones como el Frente de Organizaciones Sociales (FOL); el MTR 12 de abril; el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otras. Las acciones judiciales se concretaron principalmente en el llamado Barrio Alto Comedero y se secuestraron equipos informáticos, celulares y archivos.
Desde su sitio institucional, el FOL teme que esta escalada de persecución se replique en otros puntos del país. Además, precisaron que en sus espacios cuentan con herramientas y productos de trabajo; clases de apoyo a les niñes del barrio; talleres de oficios deportivos y artísticos; y un comedor que atiende a 150 familias de bajos recursos que viven en la región.
Judicialización de la protesta y el reclamo social
José Chocobar, referente social del Movimiento Libres del Sur de Jujuy fue entrevistado por Alejandro Bercovich para el programa Pasaron Cosas de Radio Con Vos. En su editorial, el periodista argumentó que la Fiscalía provincial actúa sin denunciante específico y sin aclarar el momento de concreción del delito.
Durante la entrevista, el referente social expresó: “Hay una avanzada inescrupulosa sobre los dirigentes y organizaciones sociales porque ponemos en agenda lo que tiene este país, lo que tiene esta provincia, el aumento de la pobreza y la desocupación”.
En este sentido, denunció: “En vez de dar respuesta a esa problemática lo que intentan es estigmatizarnos, como si fuéramos delincuentes”.
Al ser consultado acerca del fundamento legal de las medidas, el referente comentó que la denuncia se basa en una supuesta “malversación de fondos públicos”. Sin embargo, Chocobar sostuvo que las organizaciones pueden demostrar cómo se compran las maquinarias, cómo se utilizan y cuales son los distintos controles que atraviesan.
El dirigente social cerró comentando que teme cómo van a quedar las organizaciones de cara a la sociedad, en tanto se está judicializando “lucha y derecho en un contexto de ajuste”. Además, dejó en claro que hay una gran vinculación entre la Justicia y el Ejecutivo provincial.
Bercovich alertó que estos allanamientos también se están dando en el conurbano bonaerense. Además, remarcó que la persecución puede dar lugar a acciones represivas al momento que las agrupaciones salgan a las calles a sostener sus consignas.
Asambleas previstas por los movimientos sociales para el 7 de julio
Los movimientos sociales de la Unidad Piquetera llevarán a cabo este jueves 7 de julio asambleas frente a sedes municipales y gobernaciones de todo el país. En una acción definida en contra del hambre y la pobreza, el reclamo busca hacer foco en garantizar el trabajo genuino y salarios dignos; así como también, brega por el rechazo a la participación de los punteros en los barrios.
Las distintas organizaciones publicaron un comunicado conjunto para visibilizar la situación que se está viviendo. En el documento problematizaron la relación entre las autoridades de gobierno y las necesidades de los sectores más vulnerados.
“Mientras avanza el aumento imparable de alimentos […] se ha desatado una enorme campaña contra los movimientos sociales y piqueteros que luchamos en los barrios”, expresaron.
Las asambleas previstas para mañana tendrán un giro en su contenido original, en tanto, se sumarán al repudio de los hechos acontecidos en Jujuy. En cuanto a la relación con los referentes políticos señalaron: “Somos atacados por todo un arco político que va desde Cristina Fernández pasando por Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Andrés ‘Cuervo’ Larroque. Nos atacan porque luchamos contra el hambre y la pobreza que ellos provocaron y administran”.
Además, se refirieron a otras expresiones minoritarias que califican a las organizaciones sociales como un problema. “Ni hablar de los liberfachos de Javier Milei y José Luis Espert, que nos estigmatizan y les gustaría eliminarnos”, expresó.
En cuanto al aspecto económico, el comunicado de las organizaciones considera que el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de indigencia y los planes sociales en la mitad de ese nivel. Alertaron que como consecuencia del aumento imparable de alimentos se siguen sumando una mayor cantidad de trabajadores “al precipicio del hambre y la pobreza”.