En diciembre de 2021 el Gobierno Nacional sufrió un cachetazo inesperado que no sucedía desde el mandato de Cristina Fernández de Kirchner: el presupuesto presentado para el año siguiente fue rechazado. En esa oportunidad hubo 132 votos en contra y 121 a favor del mismo. Esto dejó al oficialismo en un estado de jaque en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Luego de muchas polémicas, el Senado aprobó en marzo el proyecto que autorizó al Poder Ejecutivo a firmar el acuerdo con el Fondo. Con 56 votos afirmativos, 13 negativos y 3 abstenciones. Este acuerdo condicionó la ejecución del presupuesto, el Gobierno debió adaptar las exigencias del FMI y hacer ajustes en distintos sectores de la economía argentina.
En este contexto, Martín Guzmán y Alberto Fernández se vieron obligados a actualizar el presupuesto mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 331/2022. El DNU fue anunciado el pasado jueves 16 de junio y se publicó en el Boletín Oficial. La actualización adaptó el esquema de ingresos y gastos a la meta de lo acordado con el FMI. Sin embargo, en el decreto no aparece nada respecto a la futura inflación anual. La estimación que había acordado con el FMI era de 48%.
Según sostiene el jefe del Palacio de Hacienda, hay una serie de medidas que “preparan el terreno” para una menor presión inflacionaria. Las tres están relacionadas con el programa económico acordado con el FMI: la reducción del déficit primario, el recorte de la emisión monetaria y la acumulación de reservas.
El Decreto en detalle
Entre los puntos principales, se estableció que más de $60 mil millones se destinarán al «pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario».
Además, el Poder Ejecutivo estableció como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la suma de $58.477.242.261. Ese organismo será el encargado de determinar los montos totales a transferir a cada provincia.
Por otra parte, la Casa Rosada mantuvo el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto en la Ley N° 27.591 hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001.
También prorrogó al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, por un importe de $38 mil millones. Esto fue para «continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional».
Por último, se asignaron $5.870.000.000 al Fondo Nacional de Empleo, para la atención de los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. Además se aprobó el aporte de la Argentina al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por US$2.500.000.
Declaraciones tras la actualización del presupuesto 2022
Desde el Palacio de Hacienda explicaron el por qué de la ausencia de la cifra más esperada. Alegaron que no es necesario incluir la proyección de inflación ya que no se envió al Congreso. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía prometieron detallar la proyección de inflación para el año, luego de que el board del FMI actualice la primera revisión. En ella, seguramente habrá modificaciones a lo acordado.
“Con el fin de fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico, es necesario adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales” afirmó en un comunicado el Palacio de Hacienda.
Además, en la notificación se expresó que el DNU 331/2022 ‘’modifica el presupuesto prorrogado a los fines de establecer un marco de previsibilidad para la gestión fiscal y financiera’’. Por otro lado, se explicó que determina ‘’un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN), como así también una determinación del déficit primario en base devengado”.