La Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba instó al gobernador Juan Schiaretti a que repudie las expresiones de la jefa comunal de Villa Los Aromos, Nelly Morales.
La funcionaria había publicado en sus redes sociales declaraciones que la entidad consideró “nefastas”, puesto que “reivindican el genocidio de la última dictadura militar”.
En la jornada del Día de la Memoria, del 24 de marzo pasado, la autoridad comunal posteo en referencia a los desaparecidos que “no son 30.000” y que “no eran jóvenes idealistas, eran terroristas”.
Para conocer en detalle las exigencias de la APDH Regional Córdoba, Nota al Pie entrevistó a su co-presidente, la abogada Mabel Sessa.
¿Podría señalar puntualmente que parte de lo expresado por la jefa comunal de Los Aromos constituye una apología de delito?
La Sra. Nelly Morales, jefa comunal de Villa Los Aromos de esta Provincia de Córdoba, replicó posteos y publicaciones en redes sociales de otra funcionaria de la comuna, expresando textualmente: “Marité nada más ni nada menos!!! Así es”.
La publicación la hizo apoyando expresiones con consignas negacionistas tales como: “Semana de la memoria: No son 30.000. Son 6.415. No fue un genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es Negacionismo. Ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es Justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros”.
Incluso, de manera posterior, en la página oficial de la comuna volvió a expresarse ratificando su postura negacionista del terrorismo de Estado. Lo expresado podría constituir la figura de “apología del genocidio”, penado en el art. 213 del Código penal.
Ustedes solicitan un pronunciamiento al gobernador Schiaretti: ¿cuáles son los motivos por los que involucran al dirigente en manifestaciones vertidas por una jefe comunal?
Consideramos que el Sr. Gobernador de la Provincia debe pronunciarse y tener un posicionamiento sobre el tema, por ser quien tiene la máxima responsabilidad política en la provincia.
Además cuenta con los mecanismos necesarios para tomar medidas que ameritan la situación a través de las herramientas legales e instituciones de la provincia. La conducta de las funcionarias negacionistas podrían encuadrar en la figura de apología del delito penado por el Código penal. Máxime teniendo en cuenta que en nuestro país los crímenes y delitos del terrorismo de Estado han sido declarados de lesa humanidad.
APDH Regional Córdoba solicita que el gobernador Schiaretti intervenga, basándose en el art. 144 inc. 1 y 15: ¿de qué hablan esos artículos y de qué modo ustedes consideran que es aplicable a este caso?
La constitución de la Provincia de Córdoba en su art. 144 establece las atribuciones y los deberes del Gobernador. Al ser el Jefe del Estado Provincial, al que representa; tiene una responsabilidad política como máxima autoridad.
Además debe adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público. Siendo el asunto de interés público consideramos que debe pronunciarse y tomar medidas.
Desde APDH solicitaron al gobernador que “tome medidas pertinentes”: ¿a qué tipo de medidas aspiran?
Aspiramos que, tanto el Gobernador como el ministro de gobierno de la Provincia (titular de la mesa provincia-municipios) a quien le hicimos una presentación similar, tomen carta en el asunto.
Solicitamos que se expidan con una declaración. También que realicen desde el gobierno las denuncias penales que amerita para este caso, a través de los órganos con que cuenta el Estado.
¿Jurídicamente, el concepto de apología del delito colisiona con el derecho a la libertad de expresión?
Las declaraciones de las funcionarias son contradictorias. Tal como lo dijimos en nuestra presentación, la Sra. Nelly Morales expresó ampararse en un descargo público sobre sus posteos, en la figura de la “libertad de expresión”.
Consideramos que es inadmisible. Libertad que en el periodo que reivindica, nuestros compañeros asesinados, torturados y desaparecidos no tuvieron. Cuando los que luchaban por una sociedad más justa expresaban sus pensamientos, el régimen que estas funcionarias reivindican, los perseguían, los encarcelaban, torturaban, desaparecían y/o mataban.
Ahora la Sra. Morales para defender el Terrorismo de Estado y justificar el genocidio se ampara en una libertad democrática que los nuestros no tuvieron. La libertad de expresión no puede ejercerse para cometer un delito, tampoco puede incitar a la violencia, la discriminación o el asesinato (tienen límites).
Este caso, como expresara más arriba, podría encuadrar en la tipificación penal del art 213 del Código penal. Este expresa que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.
A lo largo del último tiempo, funcionarios como Alfredo Olmedo, Juan José Gómez Centurión, José Luis Espert han hecho comentarios en similares términos al de Nelly Morales: ¿cree que se está fortaleciendo la teoría de los dos demonios en figuras “importantes” de la política?, ¿está en marcha un revisionismo de hechos históricos?
Estos personajes quieren instalar la teoría de los dos demonios, que no es lo mismo que se esté fortaleciendo, muy por el contrario. Las causales que la impongan como agenda es estrictamente política electoral.
No considero para nada que esté en marcha un revisionismo de los hechos históricos, basado en la teoría de los dos demonios. La mayoría del pueblo argentino sabe, estudia e investiga tal cual cómo sucedieron los acontecimientos históricos, que no es para nada lo que estas facciones pretenden imponer como “historia”.
Los trabajos de la memoria histórica, y las consignas de Memoria, Verdad y Justicia siguen plenamente vigentes y en pleno ejercicio en nuestro país.
En su comunicado ustedes repudian las expresiones de Morales argumentando que “reivindica el genocidio de la última dictadura militar”. Del total de desaparecidos, hay 662 que corresponden al periodo del gobierno democrático de María Isabel Martínez de Perón. Sin embargo, ustedes solo se refieren a las muertes de la dictadura militar: ¿podría explicarnos a qué se debe que excluyen los desaparecidos que hubo en el gobierno democrático del peronismo, del año 73 al 76?
Nosotros repudiamos las expresiones y reivindicaciones de la jefa comunal y otra funcionaria de Villa Los Aromos, que se limitaron a ese período de la última dictadura militar. Esas expresiones hacían referencia a la significación de la conmemoración del 24 de marzo de 1976.
Bajo ninguna circunstancia minimizamos lo sucedido en otros períodos de nuestra historia. También ejercemos el repudio contundente a todas las violaciones de los Derechos Humanos que se hicieron desde el Estado en el período de los años 1973-1976 principalmente a través de la triple A.
En la provincia de Buenos Aires existe una ley que obliga a los funcionarios públicos provinciales a utilizar en la documentación del Estado provincial la frase “Los desaparecidos son 30 mil”. ¿Tienen ustedes previsto impulsar alguna normativa similar en Córdoba?
Particularmente no conozco el contenido de dicha ley.