El Tejido de Profesionales Indígenas es una agrupación que nuclea a personas de diversas especialidades orientadas al desarrollo de los pueblos originarios. El colectivo actualmente se encuentra abocado a lograr un millón de firmas en una convocatoria que busca visibilizar solicitudes de temáticas indígenas para el Censo 2022. Han planteado sus observaciones al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) pero no han tenido respuestas favorables. Por este motivo, aspiran a presentar un millón de firmas para que sus demandas sean escuchadas.
Nota al Pie diálogo con Adriana Jerez para conocer en detalle la iniciativa. La especialista es trabajadora social e integrante del pueblo diaguita. Su área de intervención se focaliza en las niñeces, tanto en el ámbito de educación así como en el de protección de derechos.
¿Cómo nació la iniciativa?
Nació al interior del colectivo Tejido de Profesionales Indígenas. Somos una grupalidad de hermanas y hermanos de diversos pueblos en varios territorios del país. Yo pertenezco al pueblo diaguita pero resido en el Conurbano, desterritorializada como tantxs indixs por acá, por las razones históricas que ya sabemos.
¿Cuál es el objetivo?
Esta campaña que busca juntar un millón de firmas las hemos iniciado a partir de las respuestas negativas que hemos recibido por parte de autoridades del INDEC en las distintas instancias en las que nos hemos encontrado. Ellos se niegan a modificar la planilla censal que tienen previsto utilizar para el Censo 2022. Desde el año 2017 hasta hoy nos hemos reunido con ellos y no hemos obtenido respuestas que satisfagan nuestro requerimiento.
¿Cuáles son vuestras objeciones respecto del cuestionario planteado por el INDEC?
Las preguntas que están planteadas en la planilla censal son insuficientes. La información que arrojarían sería escasa. La pregunta que han establecido indaga si la persona se reconoce como integrante o descendiente de algún pueblo originario. La respuesta sería “si” o “no”. En caso afirmativo le preguntarían a cual y allí el censista escribiría a mano alzada la respuesta.
Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nomine los 39 pueblos originarios reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Consideramos que a mano alzada se puede presentar errores en la escritura o la letra podría no ser del todo clara. Tenemos la experiencia de otros países de Latinoamérica donde se hizo de esta manera y se han perdido el 50% de las respuestas por cuestiones de ilegibilidad o porque no estaba claro el pueblo del que se estaba hablando. Nosotros entendemos que si están nominados los 39 pueblos es más fácil hacer un tilde que escribir.
¿El Censo 2022 aborda temáticas de lenguas originarias?
En el próximo censo no están previstas preguntas sobre lenguas. Nosotros planteamos que es necesario que se incluya alguna pregunta sobre el uso de lenguas maternas porque no hay información oficial al respecto. Lo que hay es una presunción a partir de investigaciones pequeñas hechas por algún ministerio provincial que dan cuenta de la existencia de entre 12 y 14 lenguas.
Si decimos que hay 39 pueblos originarios tenemos que ponernos a pensar qué pasó con el resto de las lenguas. Las políticas racistas del siglo XIX para invisibilizar los pueblos originarios, la prohibición de lenguas nos hacen pensar que es el Estado el que debe reparar eso. Por eso entendemos que el INDEC debe incluir estas preguntas para conocer la situación actual.
La lengua no es solo algo folclórico y pintoresco sino que es portadora de sentidos, da cuenta de la cosmovisión de la persona hablante de esa lengua. Queremos conservar lo que queda y recuperar lo que se pueda. A partir de un diagnóstico certero se podría revitalizar las lenguas que están en retracción mediante la educación intercultural multilingüe.
¿Qué dificultades presentaría la no realización de un diagnóstico de lenguas originarias por parte del INDEC?
La barrera lingüística cierra la puerta a un montón de derechos. Las personas que son monolingües o que tienen escasa interacción con el castellano ven muy reducidas sus posibilidades de acceder a políticas públicas. Esto sucedió por ejemplo con el IFE el año pasado, muchos no pudieron acceder a ese beneficio.
La barrera lingüística es una dificultad que se agrega a la barrera tecnológica. Esto es importante para temas judiciales, una persona indígena que cometió una falta, necesita que el sistema judicial pueda poner a su alcance herramientas para poder defenderse adecuadamente. Una persona que no tiene un intérprete que no solo hable su lengua sino que a su vez comparta su cosmovisión no está en las mismas condiciones de una persona que sí lo puede hacer.
Lo mismo sucede en los hospitales públicos, además de la distancia física que tiene una persona indígena, encuentra otra distancia. Al llegar a la institución de salud la persona encuentra un mundo totalmente diferente al suyo, personas con quienes no comparten el idioma ni tampoco su visión del mundo. La presencia de personas que sean facilitadoras para la atención, propiciaría la llegada de las personas al servicio de salud. A veces existen maltratos en estás instituciones hacía poblaciones indígenas.
¿Qué apoyos han obtenido?
Nos han brindado apoyo desde diversos sectores. Tenemos 19 universidades nacionales que adhieren a nuestro reclamo. También organizaciones sindicales y territoriales apoyan nuestra iniciativa.