El próximo miércoles 3 de noviembre, diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos, espacios culturales, centros de estudiantes y colectivos de meretrices marcharán frente al Palacio Municipal de La Plata. Los mismos se manifestarán en contra del “Código de Convivencia’’, un proyecto creado por el intendente Julio Garro en 2017. Éste incluye una serie de multas para diversas conductas como el derecho a la protesta, la venta ambulante, el arte callejero y el trabajo sexual.
En ese sentido, la movilización comenzará a las 9 de la mañana en la Plaza San Martín (7 entre 50 y 53), para luego dirigirse hacia la Municipalidad (12 entre 50 y 54). En paralelo, el miércoles se debatirá la aprobación del Código, a tan sólo una semana de las Elecciones legislativas. Cabe resaltar que este proyecto había sido presentado en 2018 y en enero de este año. Sin embargo, no tuvo éxito tras las numerosas manifestaciones que se realizaron en su contra.
Una mirada crítica frente al conflicto
Nota Al Pie charló con Valentina Pereyra, secretaria general de AMMAR en La Plata, sobre los reclamos de la marcha: “Este código, de convivencia, no tiene nada. Les trabajadores sexuales nos expresamos en contra de este proyecto porque busca criminalizar a las diversidades”.
“Si bien se modificó, la propuesta anterior hablaba de prohibir el trabajo sexual. Ahora piensan regularlo. Si aprueban el Código, las fuerzas de seguridad van a ser las responsables de esa regulación y no creemos que sea algo bueno, porque no tienen ningún tipo de perspectiva de género y quedamos en posición de desventaja”, manifestó Pereyra.
Desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), señalaron que esta propuesta “está lejos de ser una normativa que fomente la convivencia”. El objetivo de la misma “apunta a crear una ciudad para pocos, obturando todas las expresiones de la economía popular”.
“Hace tres años venimos expresando nuestro masivo rechazo a esta iniciativa por su contenido sumamente reaccionario, clasista (y) xenófobo. Que busca privatizar el espacio público y el acceso a la cultura, persiguiendo y criminalizando a los sectores más precarizados y empobrecidos de nuestra ciudad”, concluyó el comunicado.
Los puntos principales del proyecto
La iniciativa de modificar el actual Código de Convivencia contempla la redefinición de “faltas graves” como aquellas que «atenten en forma manifiesta contra las normas de protección del ambiente, la salubridad pública y el bienestar animal y prevé eliminar la sanción de arresto e incorporar el trabajo comunitario como sanción».
En esa línea, quienes infrinjan las normativas deberán ‘’realizar tareas o servicios personales no remunerados de limpieza, conservación, restauración, ornamentación o afines, a favor de instituciones públicas municipales, educativas o asistenciales ubicadas dentro del ejido; al tiempo que también se incorporarán talleres o cursos temáticos de convivencia ciudadana, con el fin de concientizar y educar en materia de seguridad vial, género, protección del ambiente, cuidado del espacio público y convivencia con animales’’.
Algunas de las actividades que serían multadas son la ocupación de la vía pública con mercadería ($527.250), ofrecimiento a viva voz de cualquier producto ($351.000), venta ambulante ($52.000), ruidos molestos ($263.000), vehículos que circulen con equipos de sonido modificados entre las 22 y las 6 horas ($350.000), manifestaciones que obstaculicen el tránsito ($351.000), la celebración del último primer día de estudiantes secundarios ($210.000) y la no recolección de heces de animales en la vía pública ($35.000).
Asimismo, el Acoso callejero (Ley 27.501) y la Tracción a sangre (Ley 14.346) también están incluídos en este proyecto. El primero será sancionado con una multa de $800.000 y un curso de 8 horas; el segundo, con un monto de $527.000. Éste es un punto preocupante para el sector cartonero que, en su mayoría, utiliza caballos para su trabajo diario.
La mirada de la oposición
Yanina Lamberti, concejal por el Frente de Todos, explicó que el proyecto de Garro “no fomenta una ciudad inclusiva que atienda las enormes desigualdades que tiene La Plata. Para nosotros, el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento, el derecho a la protesta y el derecho a habitar la ciudad deben estar garantizados. Eso está bastante lejos del Código de Convivencia Ciudadana’’, señaló en diálogo con Diario Contexto.
“Querer sacarlo en una época de semejante crisis social y económica resulta muy complicado. Porque tampoco hay una opción clara respecto, por ejemplo, a los vendedores ambulantes: a dónde irían, qué harían si se les prohíbe hacer la venta. Lo mismo pasa con los artistas callejeros y quienes trabajan en los semáforos’’, concluyó Lamberti.