Ago 27, 2021 | Derechos Humanos

Ensenada: violencia policial contra una familia

Les policías pertenecientes al Comando de Patrulla intentan imputar a una familia.

Patrulleros del Comando de Prevención Comunitaria (CPC). Créditos: Pulso Noticias.

La familia de Tupac Rodríguez denunció que el pasado 3 de agosto, alrededor de las 4 de la madrugada, oficiales pertenecientes al Comando de Patrulla de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, ingresaron a su terreno y ejercieron violencia contra elles.

En diálogo con la agencia ANDAR, la familia aseveró que la justificación de les oficiales para su accionar fue la supuesta persecución de un ladrón en la cual le confundieron con Rodríguez. La violencia no solo se ejerció hacia él, sino que con la misma furia trataron a su madre, hermano y prima. 

A 20 días de lo sucedido, todavía no se llamo a la familia a declarar ni desde la fiscalía ni desde la auditoría del Ministerio de Seguridad bonaerense a pesar de haber hecho la denuncia.

Nota al Pie dialogo con Rodrigo Pomares, el director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Quien informó que el organismo, en carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, fue avisado por otres actores sobre el caso y desde entonces acompañan a la familia y presentaron denuncias ante la fiscalía y la Auditoría General de Asuntos Internos.

No es un caso aislado

La falta de intervención judicial efectiva se percibe como una regularidad. “No suele haber intervenciones muy proactivas, no suelen ser las prioridades de investigación en las distintas fiscalías este tipo de casos. De hecho, los propios registros de la procuración de la corte revelan que la mayoría de estos casos derivan el archivo, no siendo casos que llegan a debate oral, condena o sanciones efectivas” aseveró.

Sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Créditos: Comisión Provincial por la Memoria.

No es la primera vez que la CPM recibe denuncias donde ejercen violencia policial en Ensenada. Por lo que manifestó que “tienen por objeto la gestión territorial de mercados y de conflictos. Este caso se escribe en esa regularidad de esa práctica de intervención policial”.

Asimismo, resalta la importancia de implementar la Ley provincial Nº 14.687. La cual tiene el fin de crear las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas y el Registro de Violencia Institucional. Hay ayudantías o fiscalías que abordan esa temática, pero “nunca se crearon esas fiscalías con las características que la ley exige”.

Por lo tanto, prosiguió explicando que les fiscales trabajan cotidianamente con las fuerzas policiales y a la vez se hacen cargo de investigarles. “Tienen que investigar agentes con los cuales trabajan todos los días”, resaltó.

Los hechos

La madrugada del 3 agosto se encontraban en el lugar de los hechos la esposa e hijes de Rodríguez, quienes al escuchar disparos se contactaron con su nuera, Nora González. Esta última se acercó rápidamente al lugar junto a su hija. 

Luego de unos momentos, también llegó Tupac Rodríguez, quien informó que allí lo reducen y se da cuenta de que lo querían inculpar y obligar a declarar que llevaba una gorra para así coincidir con la descripción de quienes denunciaron el robo. 

González afirmó “nosotros éramos 6 personas, ellos eran más de 30 efectivos” y añadió que al ver el abuso al cual sometían a su hijo se enfureció. Por lo que empujó al policía. “Yo le pedía por favor que lo levanten del piso. Les pedimos que identifiquen quién le había pegado a mi hijo porque queríamos hacer la denuncia y empezaron a cubrirse entre todos “, señaló.

Rodrigo Pomares, director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial. Créditos: Realpolitik FM.

En ese momento llegan al domicilio el hermano de Rodríguez y su prima quienes intentaron dialogar con les oficiales, pero denuncian que ambos reciben golpes por parte de les mismes. Cuando finalmente reconocen que Rodríguez no era culpable, lo dejan ir y sin diálogo de por medio se retiran del lugar.

Asimismo, manifestó que les perpetradores de los abusos no se identificaron ni respondieron a los cuestionamientos de la familia por su accionar. 

Desidia de las autoridades

Además, afirman que en la comisaría 2ª de Punta Lara intentaron impedir que se realice la denuncia a fin de encubrir a les compañeres de la fuerza e incluso falsificaron actas y fraguaron la causa.

La familia explico que al llegar a la comisaría se encontraban quienes, en primer lugar, denunciaron el robo. Quienes les comentaron que informaron que el delito se realizo por una sola persona mientras que en el acta policial la declaración era distinta.

Igualmente aseveran que lo mismo sucedió con las declaraciones de los hermanos Rodríguez, quienes se vieron amenazados para firmar las mismas. E incluso, delante de la familia, les policías comentaban entre elles: “Fíjate lo que tenes que decir porque tenemos que decir todos lo mismo”.

Una de las justificaciones otorgadas por el subcomisario para no recibir la denuncia fue que en los hechos habían intervenido efectivos del Comando de Patrullas y no de la seccional. Luego de mucha insistencia, les funcionaries dieron curso a la denuncia y la remitieron a la fiscalía.

“No puede ser que ante nuestro reclamo la única respuesta que tengan sean golpes y amenazas. No podemos naturalizar más estas cuestiones y hay que denunciar estos hechos, y quiero agradecer el acompañamiento de la Comisión, muy importante no sólo con la denuncia sino en la contención emocional”, destacó González en diálogo con ANDAR.

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