Hoy se cumplen cuatro años sin Santiago Maldonado. El 1 de agosto de 2017 el artesano desapareció momentos después de un enfrentamiento con la Gendarmería en Pu Lof Chushamen, provincia de Chubut. Su cuerpo sin vida fue encontrado 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez.
“Cuatro años de impunidad, cuatro años sin un hermano y sin saber qué le pasó”, expresó Sergio Maldonado en diálogo con Nota al Pie. Sergio, hermano de Santiago y militante por los derechos humanos, se ha puesto esta causa al hombro y pelea incansablemente por hacer justicia.
El compromiso de Santiago
El 1 de agosto, la Gendarmería amedrentó a la comunidad Pu Lof Chushamen y a Santiago Maldonado, persiguiéndoles a los tiros hasta el río Chubut. La orden de reprimir la dio la ministra de seguridad Patricia Bullrich, junto con su jefe de gabinete Pablo Noceti.
El hostigamiento tenía el objetivo de quebrar la resistencia de la comunidad, que desde hace años defiende la propiedad de su territorio. A través de la amenaza, el Estado buscaba (y sigue haciéndolo) despojar a esta comunidad de sus tierras ancestrales, las cuales se disputa con la empresa textil Benetton desde 1991.
Santiago Maldonado se solidarizó con la causa y se acercó a la Ruta 40 a prestarle apoyo a la comunidad, que se manifestaba en reivindicación de estos terrenos.
El estado de la causa
Al día de hoy, la causa sigue sin avanzar. Sergio Maldonado denunció que “no hay voluntad política” para juzgar a los asesinos de su hermano “porque el Estado no investiga al propio Estado”. Además, exige que se reactive la causa que se encuentra “paralizada en la Corte Suprema a la espera que se asigne un nuevo juez”. Asimismo, insistió en la necesidad de que “se investigue como desaparición forzada”.
Por otro lado, solicitó que “un grupo de expertos independientes garanticen una investigación independiente”. En ese sentido, se vuelve crucial que el caso se le delegue a un juez imparcial. Gustavo Lleral, quien está a cargo de la causa actualmente, fue aquel que en el 2018 negó que se tratara de un homicidio y determinó que Santiago se había ahogado solo.
El de Santiago no es un caso aislado
El caso de Santiago no es uno aislado. Acorde con un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde la vuelta a la democracia en el año 1983 y diciembre del 2020 se registraron un total de 7.587 de asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad nacionales.
En diálogo con Nota al Pie, María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI, explicó que “la profundidad y masividad que alcanzó el terrorismo de estado en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, y la ausencia de revisión de la existencia y cotidianidad de episodios de gatillo fácil, torturas, desapariciones forzadas de personas, detenciones arbitrarias y represión a la protesta social en todas las épocas anteriores, ha generado el espejismo de que esas prácticas represivas que hoy registramos son un “resabio” o “la pesada herencia” de la dictadura, como si no hubieran existido antes”.
Con respecto a la desapariciones forzadas en democracia aseguró “detectamos la primera post-dictadura el 23 de diciembre de 1983, en Rosario (José Luis Franco, 23), y desde entonces hasta Santiago son dos centenares las registradas”.
Una agenda antirepresiva
Foto: Estela Garcia para Nota al Pie
Desde CORREPI entienden que hay formas de limitar el impacto de la represión. Para ello, promueven una “Agenda Antirrepresiva Urgente”, que propone una serie de medidas que podrían aportar a reducirla. Entre ellas se encuentran:
“1. La eliminación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, con lo que, además de cumplir el fallo de la Corte IDH en el caso Bulacio que hace 18 años ordenó al Estado argentino terminar con las facultades de las FFSS para detener personas por averiguación de antecedentes, para identificar, por hechos que no son delito (faltas o contravenciones), razzias, etc., bajaría a la mitad la cantidad de personas alojadas en comisarías, y a su vez, se reducirían también a la mitad las muertes en comisarías, que mayoritariamente se descargan sobre personas que no están detenidas a disposición de un juez o fiscal”, explica Verdú.
“2. La prohibición, portación y uso de armas reglamentarias fuera de servicio. Esto reduciría en más del 50% los fusilamientos de gatillo fácil y más del 90% los femicidios de uniforme. Esta es la proporción con que los autores disparan el arma reglamentaria de franco, licencia o retirados”.
“3. La eliminación de la instrucción de llevar el arma en condición de disparo inmediato. Situación que es usada para justificar como “disparos accidentales” los fusilamientos; debido a que deben portar las armas cargadas, sin seguro y con bala en recámara”.
“4. La prohibición de defensa técnica institucional en todo caso de represión estatal, lo que genera conciencia de impunidad en los miembros de las fuerzas. Dado que en caso de resultar imputados no necesitan pagarse una defensa particular ni quedan en manos de un defensor oficial sobrecargado de tareas y sin dedicación exclusiva”.
5. “La eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones, con el resultado de graves heridas y muertes por el uso de armas (incluso las llamadas “no letales” como gases lacrimógenos, postas de goma, bastones de madera o tonfas. Son centenares los casos registrados de muertes con esos elementos”, explicó Verdú.
Para concluir, la referente de CORREPI acompaña la lucha de la familia de Maldonado. “El estado de parálisis de la causa Maldonado, tal como lo denuncia la familia, es una clara muestra de que no hay voluntad política de hacer justicia”, aseguró Verdú.